El Gobierno insiste en que la política de vivienda la resuelvan provincias, municipios y el sector privado

El Gobierno festejó el decreto 70/25 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, por el cual se disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. "Esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional", se anunció oficialmente.

En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que dicha decisión inaugura una serie de medidas “que dimos en llamar la "Motosierra 2.0" y que el Presidente anticipó hace unos días. "La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, mencionó el funcionario en redes sociales  

Sturzenegger sostuvo que esta medida “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat. Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”.

Por eso, según el ministro, “el gobierno ya había cerrado el Procrear con el Decreto 1018/24, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social con el Decreto 6/25, y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana, todos mecanismos para transferir dinero a organizaciones políticas afines al gobierno anterior”.  

“Para resolver el problema de vivienda, por el contrario, lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda”, dijo el encargado de la cartera de Desregulación.

“La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo, las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”, recordó. 

Sostuvo que el cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. “Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”, recordó.

Informó además que algunas funciones pasarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y se formará un pequeño equipo transitorio para el cierre de los programas existentes.