Paraná: polémica por la construcción de edificios que carecen de seguridad jurídica

ENTRE RÍOS.- La semana pasada entidades empresariales de la construcción, desarrolladores urbanos, corredores públicos, profesionales y trabajadores organizaron una conferencia de prensa para reclamar "seguridad jurídica" para las obras y rechazaron la judicialización de los emprendimientos inmobiliarios.

El contexto de esta acción son los numerosos conflictos surgidos del levantamiento de torres entre medianeras y los amparos presentados ante el inicio de los trabajos para erigir el edificio más alto de la provincia en calle Catamarca y un loteo en calle López Jordán.

Los actores del sector constructivo, aseguraron que de extenderse las quejas ante la Justicia corre peligro la cadena de valor, con la correspondiente pérdida de inversiones y puestos de trabajo, que moviliza una masa de dinero equivalente al Presupuesto Municipal.

Esta opinión generó la respuesta crítica de un grupo de vecinos y comunidades comunales que, desde hace tiempo, interviene en la cuestión.

En este sentido, dijeron que "el lobby de la construcción es el actor colectivo más influyente en las dinámicas del espacio urbano. Lo es, por medio de diferentes actores y de diversos instrumentos financieros capaces de generar lucro pero no equilibrios territoriales. Tienen este poder sin presentarse a elecciones, o participan en ellas de un modo que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, no tienen responsabilidad alguna por el resultado agregado a su primacía".

A esto agregaron que los edificios puestos en tela de juicio "no son iniciativas de benefactores de víctimas de la segregación residencial ni planes Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda). No están pensados para 'la incorporación de gente de clases sociales menos pudientes'" y sostuvieron que "son solo negocios inmobiliarios de quienes, fuera de la ley, tratan de disfrazar como progreso y heroicas luchas sociales sus ganancias, aprovechando el valor de localización 'del parque' que a la vez destruyen".

Frente a los empresarios y desarrolladores que consideran que las acciones judiciales de los vecinos están opuestas al interés general y producirán la paralización del sector, los vecinos aseguran que la construcción en altura no es el problema.

"Sí, en cambio, cuestionamos edificios fuera de la ley; en lugares prohibidos o inapropiados para el desarrollo sustentable de la ciudad y de modo masivo".

El documento en el que se volcó esta postura fue firmado por vecinos de las comunidades vecinales del Parque Urquiza, Leandro Alem, Centro Este, Carlos Pellegrini, María Auxiliadora, Asamblea Vecinalista Ciudadana, Colinas del Sur, Santa Lucia y Paracao.

Sus críticas también apuntaron a "la inacción pública como la acción privada de quienes solo reconocen el lucro como ley y para quienes la Justicia, las Audiencias Públicas (para tratar las bondades de sus proyectos) y las normas ambientales, son un obstáculo".

A su vez, ante la sugerencia de que las diferencias se salden en la Comisión Revisora del Código Urbano, los ciudadanos indicaron que "resulta insólito que persistan en amparase solo en un Código Urbano que los tiene como protagonistas predominantes en todas sus etapas de creación y de aplicación, pero que en los hechos tampoco cumplen, como única fuente de razonabilidad y legalidad. Está en conocimiento de la jurisprudencia que señala las implicancias del incumplimiento de los presupuestos mínimos de la Ley general del Ambiente (N° 25.675) y de la Constitución Nacional, normas existentes aunque (Miguel) Marizza (Presidente de la Cámara de la Construcción) no las mencione nunca. Los jueces que les fallan en contra sí".

Más quejas están vinculadas con la localización de los edificios, la sobrecarga de la infraestructura urbana (en la que incluyen los servicios sanitarios, cloacas, desagües, circulación vehicular, recolección de residuos), la calidad de vida vinculada a las condiciones de iluminación, ventilación, asolamiento, acústica, higrometricidad y ángulo de visión del cielo. A su vez, señalan la profundización de la desigualdad social y la degradación de la identidad local.

"Contamos con el triste privilegio de presenciar pasivamente la existencia de lo que fue una playa pública ('Los Arenales') transformada en barrio privado, 'urbanizaciones' con informes de impacto ambiental cuestionados por falsos, numerosos edificios 'terminados' sin final de obra y calles de diferentes barrios con 'cascadas' de efluentes cloacales" afirman. También hablan del "secuestro de nuestros bienes comunes" como la mencionado balneario, el borde costero a la altura de Bajada Grande y el ex hipódromo.

Ante esta enumeración, sostienen que "algunos reclaman insólitamente 'seguridad jurídica', ante fallos de la justicia por amparos de vecinos, para destruir el Parque Urquiza, en nombre del progreso y la inclusión social, con el solo fin de ganar dinero de cualquier forma".

Los ciudadanos expresaron su voluntad de continuar con "todo lo que legalmente esté a nuestro alcance para impedir que el desmedido e incontrolado afán de lucro de algunos, destruya la ciudad de todos al amparo de la impunidad, no de la seguridad jurídica".

Fuente: elonce.com