La obra pública es la prioridad de María Eugenia Vidal

ARGENTINA.- En cada reunión política de la que participa con dirigentes de su partido, la gobernadora María Eugenia Vidal insiste con un concepto que repite casi como un mantra: para que el gobierno gane las elecciones legislativas del año próximo será clave, imprescindible, la aceleración de la obra pública.

Es la gran apuesta de la gestión provincial. Que va atada, claro, a otro factor determinante que ya no depende de la mandataria: la reactivación de la economía en general, que en Cambiemos aseguran que será un hecho para cuando se transite el tramo final de la carrera electoral. En el mismo oficialismo admiten que si no se logra esa mejora, las elecciones de medio término serán un camino cuesta arriba.

En su entorno cuentan que Vidal está obsesionada con mejorar el nivel de ejecución de las obras que ya están en marcha y sumarle a eso el inicio de nuevos emprendimientos presupuestados. Lo han escuchado todos los intendentes de Cambiemos, también los legisladores del oficialismo (la última reunión donde se habló de esto fue el lunes con los senadores provinciales) y hasta los jefes comunales de las varias vertientes del peronismo, a quienes también les conviene que se vean nuevos trabajos de infraestructura en sus distritos.

“Se arrancó el año con un ritmo muy lento de ejecución y ahora ha pegado un salto. Calculamos que en marzo la rueda de la obra pública va a estar girando a la velocidad que nosotros deseamos”, admite una alta fuente del Ejecutivo provincial.

Por supuesto que en público jamás será admitido con todas las letras pero es un tema de real preocupación en la Gobernación el nivel de sub-ejecución de los proyectos de obras públicas en casi todos los distritos.

Hay culpas compartidas, seguramente. Intendentes que asumieron en diciembre y que tuvieron que “resetear” toda la lógica de construcción local, que venía con arrastres que, en ciertos casos, eran de décadas. Burocracia provincial, a pesar de la Emergencia en Infraestructura votada el año pasado que, se supone, debe agilizar procesos. Y, claro, malas gestiones.

“Es increíble: está la plata para hacer las obras y muchos intendentes no las pueden gastar porque no armaron en tiempo y forma los proyectos correspondientes”, explican cerca de la gobernadora.

Esas mismas fuentes admiten en voz baja que los casos más emblemáticos de los distritos donde las cosas se “hicieron bien” –esto es, que se avanzó con lo proyectado según lo planeado- no son del oficialismo. Dos ejemplos que sacaron buenas notas en la consideración de las autoridades provinciales: los jefes comunales de José C. Paz, Mario Ishii, y del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús. Ambos son del justicialismo y, se asegura, mantienen buen diálogo con la gobernadora.

La dinámica, digamos, letárgica de sus intendentes para ejecutar obras es una segunda mala noticia que recibe Vidal. La otra fue enterarse de que la Provincia deberá asistir financieramente a unos 40 jefes comunales –la mayoría de Cambiemos- para que puedan pagar el medio aguinaldo de diciembre a los empleados municipales.

Esa fragilidad de las arcas municipales le sirve a la gobernadora como uno de los argumentos para negarse a pagar un bono de fin de año a los empleados públicos provinciales. “Además de que no nos sobra a nosotros, destruimos las tesorerías de los municipios porque se verían obligados a hacer lo mismo”, explica un funcionario que conoce de números bonaerenses.

La obsesión vidalista por la obra pública fue reflejada en el Presupuesto de gastos y recursos provinciales que regirá en 2017 y que se dispone a debatir a Legislatura. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, viene prometiendo que la mayor parte del millonario endeudamiento que se solicitará irá a Infraestructura, como quieren los intendentes. Como uno de los últimos servicios prestados a la gobernadora, el ministro del área, Edgardo Cenzón, tendrá cita con los senadores y diputados para dar los detalles. Después ya anunció que se retira del cargo por razones personales.

El Ejecutivo calculó que las partidas destinadas al ministerio de Infraestructura será de más de 43 mil millones de pesos y la inversión real directa de más de 26 mil millones. Es un salto notable respecto de los últimos años. Se trata de más de 800 obras, entre las que están en marcha y las nuevas.

Hay detrás una lógica idéntica a la que aplica el gobierno nacional: la reactivación plena de la obra pública supondría la recuperación de una gran mayoría de los puestos de trabajos perdidos durante los meses iniciales de la gestión de Mauricio Macri, que fueron de ajuste en el sector público y privado, con especial daño en la construcción. Este panorama fue especialmente duro en el Conurbano, donde una optimista Vidal apuesta a recuperar no menos de 70 mil empleos directos.