La obra pública y las nuevas reglas para grandes contratistas

ARGENTINA.- En virtud del código de ética sancionado el año pasado, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) analiza la expulsión de algunas de sus socias, vinculadas a prácticas corruptas en las contrataciones con el Estado. De concretarse, esta inédita autodepuración patronal tendría lugar en un escenario de nuevas reglas para la obra pública, tan alentada por el kirchnerismo como impulsada por el macrismo.

Por ahora, la CAC prefiere mantener en reserva el nombre de las posibles marginadas. Pero su presidente hasta noviembre, José Chediack, tiene en claro que un mea culpa fundado en aquel manual sería un mojón en la siempre controvertida historia de los contratistas públicos y ayudaría a refrescar la imagen de las empresas del rubro.

Guillermo Dietrich (Transporte), quien junto a Rogelio Frigerio (Interior) y Juan José Aranguren (Energía), integra el trío de ministros con mayores responsabilidades en infraestructura, fue uno de los más activos denunciantes de sobreprecios y otras mañas, que intentarán corregirse con normas en gestación. Pero nada más lejos que una ruptura con el sector. Por el contrario, el Gobierno ya le dio varias palmadas.

La primera fue el decreto de necesidad y urgencia 691 que creó desde mayo una nueva fórmula para redeterminar los precios de las obras en ejecución, mucho más generosa que la que regía desde el 2002.

El gatillo para que una contratista reclame un reajuste de valores respecto al contrato original se dispare cuando la suba de costos llega al 5%, lo que evita esperar que la inflación alcance el 10. Y el nuevo precio de la obra se calcula sobre todo el saldo pendiente y no sobre el 90% como hasta abril.

Para resucitar planes de viviendas sociales, se le acaba de reconocer a las constructoras un valor de mercado de $ 11.000 el metro cuadrado (son unidades de 55 metros cubiertos), equivalente al 90% de una vivienda nueva. Así se apurarían obras paralizadas desde el 2011, cuyos contratistas buscaron sin éxito un ajuste que siguiera la inflación.

Las propias empresas sostienen que Vialidad -área donde el Gobierno identificó con nitidez formas de contratación lesivas al interés público- está honrando una deuda de $ 13.200 millones: 30% cash y el resto en ocho cuotas mensuales. A decir de los interesados, estos pagos incluirían intereses que la administración macrista había objetado de movida.

Finalmente, el diseño del proyecto de presupuesto del 2017 es una prueba del espíritu keynesiano de Mauricio Macri. Los gastos de capital crecerán un 32,1%, 10 puntos más que los gastos corrientes.

"El comportamiento de la inversión real directa y de las transferencias de capital muestran la prioridad asignada por el Gobierno a la inversión pública, previéndose aumentos interanuales de $ 18.278 millones y $ 36.168 millones, respectivamente", consigna la página 97 del proyecto de ley girado al Congreso.

Más aún. Uno de los programas más osados corresponde a AYSA, la reestatizada que provee servicio de agua potable y cloacas. El Plan Belgrano (que incluye también importantes barrios residenciales) es otro hito en esta coyuntura, que reanima una actividad que venía en retroceso. Y las promesas oficiales van mucho más allá: la autopista ribereña; la terminación de las que se tienden sobre la traza de las rutas 7, 8, 5 y 3 ; las centrales hidráulicas de Santa Cruz, gasoductos de tramos cortos y otras tantos emprendimientos.

Ansiedades

"El plan es ambicioso y empezaron a pagar bien. Pero nos hubiese gustado que fuese más rapidito", sentencia ante El Cronista un encumbrado dirigente de la CAC.

Para Rafael Flores, titular de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), no hay dudas de que un salto superior al 38% en la inversión real directa nacional prueba el intento de jerarquizar la obra pública. Pero a su juicio el problema es una "importante subejecución", fundada en debilidades de gestión. El punto converge con la reiterada crítica de los insaciables constructores sobre la demora en los pagos.

Como contrapartida de aquellos mimos, la administración nacional suma iniciativas para ganar transparencia en el régimen de sistemas de licitación pública. "Nosotros fuimos víctimas del sistema", se defiende otro destacado directivo de la CAC, en referencia a los resonados casos de corrupción que se ventilan en los tribunales.

Está en marcha la renovación del Registro Nacional de Constructores y Consultores de Obra Pública, que hoy es casi letra muerta. Las empresas no se preocupan por cumplir las condiciones para calificar y nadie se lo reclama, ya que los requisitos para integrar esa nómina no son vinculantes.

De ahora en más, el Registro oficiará de mandato ineludible para cualquier repartición pública, lo que limitará la discrecionalidad a la hora de elegir adjudicatarias. Quien no esté incluido en el listado, quedará fuera de juego.

Muchas áreas estatales hoy ya publican los pliegos en la web, algo que será obligatorio de prosperar el proyecto para transparentar que se discute en despachos oficiales. Todo bajo el mismo paraguas de la ley de Obra Pública 13.064 del año 1947, norma antigua pero no vetusta. A decir de las empresas, "no es mala, pero no se cumple".

Subsiste la duda de hasta dónde las prácticas objetables se erradicarán y qué se animará a decir públicamente sobre ello el próximo titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya corren rumores sobre quién liderará esa lista de consenso. Gustavo Weiss, antecesor de Chediak. O Aldo

Roggio, quien apadrinó a Mauricio Macri joven, cuando se recluyó en la Cámara. Su padre Franco brillaba entonces con la contratista Sideco Americana.