Sorpresiva marcha atrás de Trump en la construcción del muro

ARGENTINA.- Aunque intentó de todas maneras tratar de amortiguar el impacto, el presidente Donald Trump sufrió hoy un nuevo mazazo a uno de los pilares de su campaña: tuvo que retirar del Congreso –al menos por ahora- su propuesta de construir un muro en la frontera con México porque buena parte de los legisladores se resistían a incluirla en el presupuesto y corría el riesgo de que jamás se lo aprobaran y se produjera el sábado una paralización de las actividades del Gobierno.

Los legisladores demócratas y algunos republicanos se oponían a dar luz verde al presupuesto, que formalmente debe ser aprobado antes de la medianoche del viernes, si incluía una partida de 1.400 millones para la construcción de la barrera fronteriza este año como Trump quería. Ya desde la madrugada del lunes había trascendido en la prensa que el tema de la financiación del muro -la promesa “estrella” de la campaña electoral del magnate- había sido excluido del borrador que los republicanos llevarán al recinto.

Así, cuando falta poco para que se cumplan este sábado los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca, el presidente suma otro golpe al fallido intento de reforma de la ley sanitaria y al bloqueo en la justicia de los decretos para frenar el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, otros dos promesas clave de su campaña. El magnate buscó mitigar el impacto. “El muro se va a construir”, aseguró Trump en la Casa Blanca ante preguntas de la prensa. “Pronto”, respondió cuando los periodistas le preguntaron cuándo se va a concretar. “Estamos haciendo planes, precisiones, estamos haciendo un montón de trabajo para el muro” señaló y más tarde agregó que va a volver a introducir el tema en septiembre porque asegura que la valla en la frontera servirá para frenar el ingreso de inmigración ilegal y drogas a los Estados Unidos.

Trump tuvo que resignarse a archivar por ahora su tan mentado proyecto porque el riesgo que corría era muy grande. Justo cuando se llegaba a la fecha clave de los 100 días el sábado, tenía serias chances de que su presupuesto no fuera aprobado en tiempo y forma, lo que llevaría a lo que se conoce como “shutdown” o cierre de todas las actividades del Gobierno federal en el país. Ese escenario se vislumbraba como una pesadilla adicional para un presidente que viene luchando con un Congreso que está controlado por su propio partido, pero que viene boicoteando buena parte de sus proyectos. Durante un “shutdown” el Gobierno suspende la prestación de los servicios públicos con la excepción de los que se consideran esenciales y deja que los empleados públicos se queden en su casa porque el Estado no les puede pagar el salario. El último cierre tuvo lugar en 2013, cuando Washington quedó paralizado por 17 días ante el enfrentamiento entre Barack Obama y la oposición republicana. Un cierre ahora –cuando el Congreso y el presidente son del mismo partido- hubiera sido una situación inédita y perjudicial tanto para Trump como para el Grand Old Party.

Si bien Trump ganó las elecciones a caballo de la construcción del muro –entre otros temas polémicos— desde la Casa Blanca ha tropezado varias veces con la realidad. Primero dijo que iba a

pagarlo México y el presidente Enrique Peña Nieto, como era de esperar, se negó. Luego dijo que lo construiría igual, pero los demócratas y buena parte de los republicanos se oponen. Estos últimos consideran que levantar esa valla engrosará innecesariamente el gasto público.

En el Congreso hubo alivio. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, señaló: “Si se elimina la amenaza del muro, como espero que sea el caso, nuestras negociaciones pueden continuar y es de esperar que podamos resolver todas las cuestiones pendientes para el viernes”, dijo.

Desde el ámbito de la justicia, Trump sufrió también ayer otro revés para su política migratoria. Un juez federal de California falló contra las amenazas de la administración de retirar el financiamiento del Gobierno a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a aportar datos de inmigrantes indocumentados al gobierno federal. El juez William Orrick consideró que esa medida podría violar la Constitución.