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El gremio de la construcción informó la pérdida de 80.000 puestos de trabajo en todo el país
La industria de la construcción en la Argentina perdió más de 80.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado: de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”.
Lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que publica Ricardo Carpena en el portal Infobae. Gerardo Martínez anticipó un “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.
Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo.
En el informe elaborado por la UOCRA, se destaca que “los 360.000 puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo.”
Esos 80.000 puestos que se perdieron están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias”.
El gremio que encabeza Martínez resaltó que “esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido”.
Sostuvo que “en la provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán”.
“Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”, advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.
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La UOCRA alertó que la situación provoca un “grave impacto” en la obra social Construir Salud, ya que “pierde mas de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones, que en algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días”. “Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad”, concluyó.
“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno, que no convoque al diálogo social y que ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, dijo la UOCRA en un documento difundido a fines del mes pasado, en el que anunció que declaró “el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país”.
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Pese a la situación crítica de la actividad, la UOCRA firmó el 8 de este mes un acuerdo salarial que contempla un 14% de aumento para febrero, en la continuidad de un esquema de paritarias mensuales que debutó en enero pasado con un 20% de incremento pactado con los empresarios del sector, agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
El14% de aumento para febrero está en sintonía con la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que procura que los aumentos no superen el 15% para alinearse con una inflación que comenzó a bajar: en enero llegó al 20,6% y el mes pasado se ubicó en el 13,2%.
Martínez, sin embargo, consideró que no hubo una intención de bajar las pretensiones sindicales para aceptar el tope salarial que busca el Gobierno: “Ese 14% de aumento que se negoció es la realidad de una industria semiparalizada, donde hay empresas endeudadas y al borde del colapso”.
