Si Cristina no va a juicio oral por la obra pública antes de 2017, puede ser candidata

ARGENTINA.- La  legisladora porteña ­Paula Oliveto es una de 
las más estrechas colaboradoras de Elisa Carrió en la Coalición Cívica. Desde hace años denuncia diferentes hechos de corrupción. El más emble­mático data de 2008 y se reactivó este año.

Se trata de la megacausa por asociación ilícita, el proceso judicial que involucra a la expresidenta Cristina Fernández y a las principales figuras del kirchnerismo vinculado, a través de la obra pública, con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre los principales.

En esa denuncia se sostiene que hubo una estructura montada por funcionarios para defraudar al Estado con el objetivo de beneficiarse, aplicando una metodología que incluye la concesión de diversos servicios públicos, el pago de sobreprecios y la utilización de facturaciones truchas.

Oliveto encabezó días atrás un panel en el que disertó sobre “el control como límite del poder”. Antes de esa exposición dialogó con La Voz sobre la marcha de las causas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, el rol de los jueces federales y los cambios pendientes en torno a la transparencia de los actos de gobierno.

Venimos de una década con escaso control de los actos de gobierno. ¿El problema está en la fortaleza de las instituciones?

–Uno de los principios del control público es la independencia entre controlados y controlantes. Si los que vienen de la política son los que controlan o si se nombran a fiscales a militantes del mismo partido y no cumplen con su rol institucional, hacia afuera se puede decir que existe un sistema perfecto, pero hacia adentro la realidad es que no funciona. Al final, lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos es para sostener esta estructura que finalmente no le sirve para detectar cuestiones complejas como es la corrupción.

Por eso hablaba del rol de las instituciones.

–Tenemos una estructura institucional que es muy endeble, pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la obra pública nacional, si bien hubo una pelea entre el kirchnerismo y los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, gran parte de los empresarios que fueron beneficiados tienen negocios en Córdoba o son cordobeses. Está el caso de Roggio y de la firma Electroingeniería, como los más notorios, pero hay otros. Además, hay varios funcionarios de segunda línea del kirchnerismo que tienen propiedades en Córdoba.

El Gobierno se quejó en los últimos días de que hay causas vinculadas con la corrupción estancada, después del ímpetu inicial. ¿Qué opina?

–Estamos sorprendidos de que se sorprendan. En realidad son los mismos jueces que durmieron las causas durante ocho años. Hay que tener en claro que las causas no se iniciaron cuando Margarita Stolbizer comenzó a denunciar a Cristina (Kirchner). La causa de obra pública contra Lázaro Báez la tenemos desde 2008. Está muy bien que los líderes políticos pongan los ojos en un poder tan falto de control y tan escaso de independencia como lo es el Poder Judicial. Los jueces parecen políticos, son absolutamente tiempistas.

¿No hubo avances entonces?

–Mucha de las causas que tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación, en realidad se trataron de procedimientos que buscaban un resultado mediático más que judicial. Si yo realizo un allanamiento sobre propiedades que están registradas a nombre de Lázaro Báez y lo hago cuatro años después de iniciado el proceso y llamo a los medios, lo que yo estoy buscando no es ni testaferros ni nada oculto, lo que estoy buscando es tener una cobertura más mediática que judicial. No se buscan propiedades si están registradas.

Hay actores políticos como Margarita Stolbizer que han crecido en consideración por estas denuncias.

–Margarita acompañó mucho las causas. Ahora, la causa política es algo distinto a la causa judicial, porque los tiempos de la Justicia –sobre todo en este tipo de causas– son muy distintos y anteriores a cualquier especulación política de los actores. Nosotros entendemos que en la causa por la obra pública de Báez, el hecho de que Cristina vaya a indagatoria es importante. Ahora, hay que ser claros: nosotros no creemos que sea un avance que Cristina vaya presa en este estadio judicial. Ella todavía no fue indagada, se tiene que defender, tiene que haber un juicio justo. Porque si no seríamos exactamente en lo mismo que criticamos del kirchnerismo: eliminar o achicar las garantías constitucionales, que tienen que ser para nosotros, para Cristina y para todos los argentinos porque eso es vivir en un Estado de derecho. Las necesidades política nunca deben estar atadas en relación a una causa judicial.

Si es que decidiera presentarse, ¿los tiempos de la Justicia le van a permitir a Cristina ser candidata en 2017?

–Desde el punto de vista de las causas, Cristina no irá a juicio oral con ninguna de ellas antes de 2017. Por ejemplo, Margarita (Stolbizer) ha iniciado las causas Hotesur y Los Sauces que son muy importantes y tienen muy buena documentación y prueba, pero son procesos iniciados recién el año pasado. Las causas tienen que madurar. El problema es que a veces maduran de forma tan lenta que terminan convirtiéndose en una injusticia total. Por eso está bien el llamado de atención sobre que hay causas que no se mueven, pero sepamos que estos son los mismos jueces que se defendían hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, (Sebastián) Casanello es un juez sumamente controvertido que había dejado fuera del proceso a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Y sólo había procesado a (Federico) Elaskar y (Leonardo) Fariña que eran evidentemente los eslabones más débiles de la cadena. Es obvio que esa causa estaba conformada para que nunca llegara hasta Cristina.