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Se frenaron más de 2.000 obras públicas durante el gobierno de Javier Milei
Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 obras públicas en la Argentina, proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales.
Las cifras surgen de la documentación estatal. A fines de 2023, había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero pasado, esa cifra cayó a 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.
El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Esta reducción fue una de las claves del gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año.
Los números citados analizan el desarrollo de obras de alta y pequeña envergadura, así como también compra de equipamiento.
“Se prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones y que a su vez sean de envergadura e importancia nacional.”, describió una fuente de la Secretaría de Obras Públicas.
Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $ 80.579,1 millones. En enero, $ 77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $ 157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80%.
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Una vez instalado en la Casa Rosada, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, el que anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”. Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de quien dijo que no hay más fondos para ellas: Caputo.
El 4 marzo, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con el Presidente. En un comunicado oficial, la entidad empresaria celebró dicha instancia de diálogo luego de haber declarado el “estado de emergencia” del sector el 1 de febrero. En ese entonces, habían pasado tan solo 52 días del nuevo gobierno. En aquella oportunidad, Camarco alertó sobre “una crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.
Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por el Presidente como “la madre de todas las batallas”. Incluso, la versión original del proyecto ómnibus estipulaba facultar al Poder Ejecutivo para disponer “por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.
