Empresas de la construcción aseguraron que las pymes “están en situación de catástrofe”

El plan motosierra del presidente Javier Milei paralizó casi 4.000 obras públicas en ejecución, con una deuda certificada que asciende a $800.000 millones, mientras las pymes constructoras siguen siendo legalmente responsables de los proyectos, sin rescisión de contratos ni respuesta del Gobierno.

“Las obras con fondos nacionales están paralizadas porque el Gobierno no les pagó a las empresas ni a las provincias. Tampoco avanzaron las que prometió retomar en las negociaciones con los gobernadores por los votos para la ley Bases”, dijo el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández.

Según el portal Letra P, se trata obras vitales: viviendas, agua, gas, cloacas, escuelas, hospitales, gimnasios, playones polideportivos y caminos que la gestión de Alberto Fernández tenía en ejecución y que la administración libertaria dejó sin financiamiento.

Los proyectos estaban en marcha a través de los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis durante la administración albertista.

Reclamo de incumplimiento de contrato

“Hay un incumplimiento de contrato. El Gobierno no atendió más la situación, es una estafa y un delito. Dejaron en situación de catástrofe a muchas pymes que hace ochos meses padecen la dilación del gobierno nacional, además de frenar obras que llevan gas y agua potable a los hogares”, se quejó el titular de la gremial empresaria.

CPC representa a unas 950 pymes de todo el país que están por fuera de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que preside Gustavo Weiss y que reúne a las grandes contratistas.

Las obras paralizadas son trabajos en distintos grados de ejecución, cuya deudas siguen creciendo a raíz de las certificaciones de avances de obra.

Cuando cambió el gobierno, las obras se paralizaron, pero sin hacer un cierre formal. Legalmente, quedaron en “guarda legal” del empresariado del sector, que tuvo que dejar serenos o cuidadores para preservar esa infraestructura abandonada.

Gerardo Fernández explicó que las empresas emitieron facturas por esos trabajos, pagaron impuestos sobre la facturación y afrontaron los costos de desmovilización de la obra, que implica “desarmar el obrador, pagar la desvinculación de los trabajadores y saldar la deuda con los corralones”.

Las obras están contratadas por los municipios o por las provincias, pero eran financiadas por el Gobierno, que cortó el envío de fondos. Las pymes, en tanto, prefieren no iniciar acciones legales contra provincias y municipios, para no perder contrataciones futuras.