Empresarios de la construcción piden declarar la emergencia en el sector

ARGENTINA.- La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) pidió al Gobierno declarar por decreto el estado de emergencia en el sector producto de fuerte caída la actividad en el último año. Lo hicieron mediante un documento con el cual elevaron pedidos al presidente electo Alberto Fernández y en el que, entre otras cosas, proponen que el Estado abone la deuda que tiene con las constructoras mediante títulos públicos y recomendaron un programa de construcción de 40.000 viviendas para reactivar el sector.

Así lo informaron en una conferencia de prensa realizada en la sede de la entidad. En ella dieron cuenta de un informe aprobado por el 136 Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que repasa la situación del sector y hace hincapié en la necesidad de avanzar en medidas para sortear la crisis que no solo abarca a contratos nacionales sino también provinciales, a todas las áreas del sector público y que también impacta en el sector privado.

Previo a las generales, el documento fue acercado a los equipo del futuro mandatario Fernández como también del saliente Mauricio Macri. Allí piden declarar la emergencia para poder avanzar en normativas que sirvan como un “paraguas” ante el contexto actual.

“No se trata de una declaración de emergencia constitucional sino que es particularmente del sector, como cuando se declara emergencia por una inundación”, señaló Julio César Crivelli, presidente de la CAC, en un diálogo con la prensa. En ese sentido, remarcó que la medida “podría tomarse por decreto” y apuntó que en caso de accionar en ese sentido “en seis meses podría haber una recuperación de la actividad”.

A la hora de hablar de la condición en la que se encuentra el sector en la actualidad, explicó que “hoy la falta de pago es muy fuerte y los precios que se cobran tienen entre 6 y 7 meses de antigüedad”. “La situación abarca a todas las áreas de la construcción, todas están pasando un mal momento. Hay obras paralizadas y se está despidiendo personal”, añadió.

Falta de financiación

El titular de la CAC remarcó que la crisis se inició en abril de 2018, ante la fuerte devaluación y la suba de tasas que volvió prohibitiva la financiación. A partir de ese momento la situación fue empeorando mes a mes y añadió que hoy día “hay un escenario de caotización de los contratos”, pero aclaró que no hay casos de rescisión por el momento.

En el marco en el cual se desarrolla la crisis es necesario tomar medidas de urgencia. Desde la CAC hicieron hincapié en la necesidad de avanzar en decisiones urgentes para “normalizar la actividad” y “frenar el drenaje de empleo” que hoy aqueja al sector.

En ese punto, el Consejo Federal propuso en primer lugar hacer foco en la deuda que tiene el Estado Nacional y los gobiernos provinciales con las constructoras. Para ello propusieron calcular la deuda de los contratos vigentes y consolidarla a través de títulos públicos que puedan ser negociados en el mercado.

Las dificultades y la demora para cobrar la deuda hace que mes a mes la suba en los precios y el alza del dólar, en un sector en el cual los insumos están directamente vinculados a la evolución de la divisa, terminen afectando en el rendimiento final. “La inflación y las devaluaciones nos afectan mucho porque los costos están en dólares”, explicó Crivelli.

El estado de emergencia busca poner el foco en la condición general de la construcción que afecta en mayor medida a las pymes, ya que representan el 90% del sector. A través del documento, CAMARCO propuso “establecer un régimen de excepción para empresas pymes evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías pyme a los usados para las pymes industriales”.

Por otro lado, recomendaron abordar un plan de viviendas sociales que implique la construcción de no menos de 40.000 unidades en todo el país, en un tiempo máximo de 18 meses que podría generar 30 mil puestos directos. Un cálculo realizado por la propia CAC ubicó el costo presupuestaron en torno a los $80.000 millones. El objetivo, reza el documento, es “que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo".

Por otro lado, propusieron que la AFIP “suspenda ejecuciones y embargos” y “permita la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional”. Además, recomendaron reformular los contratos vigentes mediante un esquema de adhesión optativa, “adecuándolos a las actuales circunstancias”, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.