El sector maderero exige al Gobierno medidas para reactivar el consumo

ARGENTINA.- La industria maderera estima cerrar el 2018 con una caída en su producción en torno al 9,5%. El 60% de las empresas del sector foresto industrial señala que su producción cayó más del 5% en 2018 y el 64% expresó que las ventas cayeron más del 10 por ciento este año, registrándose numerosos casos de empresas con cíadas de más del 40% en sus ventas. Además, 1 de cada 3 empresas disminuyó su dotación este año, según un adelanto de la encuesta del Observatorio de la Industria de La Madera y el Mueble (OIMyM) impulsado por FAIMA, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines.

Este relevamiento, aún en proceso y que alcanza anualmente a 500 empresas madereras de todo el país, fue presentado en el 139° Congreso Maderero realizado los días 23 y 24 de noviembre en Buenos Aires, en el marco de los 85 años de la institución y ante la presencia de más de 100 empresarios y representantes de las 28 cámaras que integran la federación a nivel nacional.

Según los datos del Observatorio, históricamente el carácter mano de obra intensivo de la actividad maderera daba cuenta de un sesgo positivo a la protección de puestos de trabajo en el sector, a pesar de la caída de la rentabilidad.  “El empresario sabe cuánto vale tener un empleado capacitado en el oficio y busca retenerlo”, destacó Pedro Reyna, Presidente de FAIMA. “Sin embargo, la crisis actual es suficientemente intensa para tener implicancias laborales y las empresas comenzaron a disminuir su dotación, por lo que vemos con mucha preocupación esta situación”, señaló Reyna.

Por su orientación hacia el mercado interno y la elasticidad de la demanda de los productos ante los cambios en el salario real de los ciudadanos, la crisis económica afecta a la industria de madera y muebles más que a la general de la industria manufacturera.

A la caída de ventas se le suma un gran aumento de los costos: las tarifas, la tasa de interés exorbitante y destructiva de la cadena de pagos y el aumento de los insumos dolarizados. Con ventas en baja y costos que se disparan la actividad carece de rentabilidad, lo que posterga la toma de decisiones de inversión que apuntalen y traccionen.

El sector es el único que cuenta con tres mesas sectoriales en las que FAIMA participa: la de competitividad de toda la cadena de valor, encabezada con el Presidente de la Nación; la Mesa Sectorial del Mueble, y la Mesa de Construcción con madera. En ellas se trabaja la agenda de competitividad y desarrollo del sector a largo plazo junto a Presidencia de la Nación, los Ministerios de Producción y de Agroindustria.  A partir de las gestiones y pedidos en todos estos espacios FAIMA ya ha logrado la implementación de diversas medidas. “Sin embargo, ante la gravedad del momento económico actual, eso no alcanza. Hoy nos apremia el tiempo”, indicó Reyna.

Por esto, FAIMA reclama urgentemente mayor velocidad en la implementación de estas medidas:

·         Deben orientarse esfuerzos en el inicio de este 2019 a fortalecer las condiciones de mercado. La enorme pérdida de valor de la moneda viene con un poder adquisitivo en franca caída y su recuperación debe ser la prioridad 1 en la agenda económica de gobierno. Iniciativas como el bono de $5000 pueden apreciarse como una posible respuesta a este punto, pero como herramienta presenta varios problemas; por un lado, es fútil su impacto en la recuperación de ingresos reales al ser un stock de una sola vez mientras que, a su vez, aprieta sobre la ya asfixiante ecuación de costos de las PyMEs que no pueden afrontar hoy, en medio de la crisis, dicho pago.

·         Es necesario para la industria de madera y muebles, en su calidad de sector sensible, que se le adelanten los beneficios de la reforma laboral y tributaria, como ha ocurrido recientemente con los sectores de textil y calzado.

·         En materia de financiamiento productivo, urge reglamentar la factura conformada, parte de la sancionada Ley de Financiamiento Productivo, para que todos los sectores puedan acceder a ese instrumento de financiamiento.

·         Es necesario que se garantice el acceso de las tasas diferenciales subsidiadas recientemente anunciadas en todas las sucursales de los bancos participantes e impedir la exigencia de reciprocidad de parte de los bancos a las empresas.

·         Asimismo, la consideración de destinar mayor volumen a estas iniciativas es fundamental; los $29.000 millones de cupo son solo el 7% del financiamiento PyME (que alcanza los $405.000 millones y es el 18% del financiamiento total al sector privado). En este sentido, sería prudente y necesario relanzar la Línea de Crédito de Inversión Productiva (LCIP).

·         Con respecto al crédito a la demanda, la revisión de las tasas de los programas bajo la modalidad Ahora 12 puede bajar costos y volver accesibles productos.

·         En la misma línea, que exista la posibilidad para supermercados de poder ofrecer bajo estas modalidades productos madereros es un punto fundamental a corregir en el diseño del instrumento.

·         En materia tributaria, es mandatoria la suspensión por 180 días de la aplicación del scoring en planes de AFIP (recientemente flexibilizado) y la ampliación a 60 cuotas de los planes de facilidades. Asimismo, creemos fundamental que se dé marcha atrás con el retiro de los beneficios del decreto 814/2001, que estimulaban el empleo formal en economías regionales. Por último, es necesario modificar la resolución 4128/2017 de AFIP, en orden de clarificar su alcance para evitar que bancos denieguen financiamiento a PyMEs tomando como argumento las referencias normativas de esta Resolución sin mediar análisis de los casos particulares de cada empresa.