Cristina va a juicio oral acusada de corrupción en la obra pública

ARGENTINA.- Cristina Kirchner había pedido ir a juicio oral en la causa que investigó el direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante su gestión como presidenta. Y así ocurrió.

Tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a la próxima instancia. Se trata del segundo juicio oral que tiene CFK en la Justicia federal. Si la causa no se unifica con otros casos de corrupción en los que Cristina está acusada -posibilidad sobre la que informó Clarín- será el Tribunal Oral Federal 2 quien la juzgará en este expediente. El TOF2 está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tasara.

El paso judicial se tomó después de que vencieran los plazos para que los imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez, respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos que les realizó Vialidad Nacional.

En ese monto se estimó el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral ​del empresario K y las obras que quedaron inconclusas.

Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

"Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales penales previos exigidos (...) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva", expresó Ercolini en su resolución de 80 páginas.

El magistrado dio por "agotada la investigación", y sostuvo que "debe continuarse hacia el verdadero debate en el que se resolverá la cuestión" y añadió que esta próxima etapa del debate oral "debe ser suficientemente preparada para proveer a su regularidad y eficacia".

El juez Ercolini acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.

La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la

acusación, un único fin: "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".

Para Cristina Kirchner, en cambio, esta causa "encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones".

Según la acusación de los fiscales, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.

Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, afirmaron Pollicita y Mahiques. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K.

La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".