Cristina, De Vido y Báez, a un paso del juicio oral por corrupción en la obra pública

ARGENTINA.- Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa que investigó el direccionamiento en la obra pública a favor de Lázaro Báez, y así ocurrirá en los próximos días. El juez Julián Ercolini elevará el expediente a la próxima instancia en estos días. Ya vencieron los plazos para que todos los imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y el empresario K, respondieran a la demanda civil por $ 22.500 millones, les realizó Vialidad Nacional, considerando que es el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral y las obras que quedaron inconclusas.

Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex Presidenta. La Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas en este caso configuran el delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

El juez Ercolini acusó a la senadora de Unidad Ciudadana, de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al favorecer a Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.

La imagen del juicio, cada vez más cerca, mostrará al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas en esta causa. Todos acusados de ser partícipes de una misma maniobra, con diversas responsabilidades, que tuvo un único fin para los fiscales: "Convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".

En el juicio, por primera vez compartirá el banquillo de los acusados con Lázaro Báez.

Para los fiscales, se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.

Este circuito de contrataciones "irregulares", permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes". Por ello, se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez. El dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner".

La causa plantea que Cristina junto sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron "parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015", destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".