Obra pública K: rechazan pedidos a Cristina Kirchner

ARGENTINA.- La ex presidenta Cristina Kirchner sufrió un doble revés judicial. Fueron dos rechazos de la Cámara de Casación a pedidos que había presentado la ex presidenta. En uno, apuntaba a un embargo millonario. En otro, a un funcionario de la Unidad Antilavado (UIF).

Por un lado, su defensa, a cargo de Carlos Beraldi, había presentado un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal en el fuero penal, para que se revierta el embargo millonario que le trabaron en la causa donde se la procesó por ser jefa de una asociación ilícita al favorecer a Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública. Ahora, sólo le resta ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Pero además se le rechazó un pedido para que sea imputado el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Mariano Federici.

El 2 de noviembre pasado la Cámara de Casación había confirmado el embargo contra Cristina Kirchner por $ 10.000 millones que el juez Julián Ercolini le trabó en el marco de la investigación por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral: Báez recibió 52 contratos por $ 46.000 millones, pero la mitad de esas obras quedaron inconclusas. El agravante es que cobró todo con un sobreprecio promedio del 65%.

En su momento, la Sala IV de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó una presentación que hizo la defensa de la ex Presidenta. Los jueces consideraron que no existe el "agravio" aducido por la defensa y que no hay "arbitrariedad" en la confirmación del procesamiento contra Cristina.

La senadora volvió a reclamar por el embargo millonario sobre su patrimonio. "El mismo resulta exorbitante y estamos en presencia de un caso de gravedad institucional", señaló la defensa en el recurso extraordinario ante la Casación.

El fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, consideró que el reclamo "es improcedente", ya que "no se advierten los causales de arbitrariedad invocadas" para autorizar la vía extraordinaria.

Al rechazar el nuevo pedido de Cristina Kirchner, el fiscal señaló en el escrito al que accedió Clarín que la medida interpuesta por el juez Ercolini, "ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta".

En este sentido, se sostuvo que la defensa "no demostró cuál concretamente es el gravamen que le provoca a su asistida, no es suficiente para obtener la revisión" de la medida. Y consideró que el planteo "es insuficiente".

Asimismo, el fiscal ante Casación consideró que no existen mayores argumentos en el planteo de la defensa de la ex Presidenta: "No son más que reiteraciones de su recurso de casación que la Sala IV ya señaló que no era procedente". Y por ello rechazó el pedido para que no se embargue en $ 10.000 millones a la senadora de Unidad Ciudadana.

En esta causa, el magistrado ordenó afectar 180 propiedades de los imputados en la causa, al millonario embargo que no pudo revertir Cristina Kirchner. De su patrimonio se afectaron 25 propiedades que cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, la participación accionaria de tres empresas: Los Sauces SA (intervenida por la justicia e investigada por lavado de dinero), Hotesur SA (con veedores judiciales e investigada por lavado) y CoMa SA.

Además, tal como contó Clarín, el vehículo de la familia, un Honda CVR dominio IFU 900 pasó a manos de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón Lanús para otorgarle, al igual que otros 45 vehículos de procesados en esta causa, un fin social.

El pedido contra el jefe de la UIF

Entre los recursos extraordinarios presentados, la ex presidenta había insistido también para que se investigue y se impute a Mariano Federici, titular de la UIF y quien denunció, por ejemplo, al sindicalista Víctor Santa María y su entorno. El pedido se generó cuando el organismo antilavado investigó su patrimonio al considerar que el 75% del incremento del mismo se debía a los alquileres que le pagaba Báez y a los negocios que mantenían juntos.

Para el organismo antilavado, y en función de sus investigaciones "Báez es testaferro de Cristina Kirchner, no hay otra forma de explicar su incremento patrimonial si no es a través del empresario K", señalaron fuentes de la causa.

La UIF analizó declaraciones juradas de los mismos períodos que el ex juez Norberto Oyarbide ya había analizado y por los que había quedado sobreseída por presunto enriquecimiento.

La UIF colaboró con un pedido del juez Ercolini, en una causa donde "se investigan otros hechos, y donde ella estaba imputada por otros delitos", indicaron fuentes judiciales. Cristina denunció a Federici por abuso de autoridad y peculado. Pero la causa fue desestimada. El fiscal Barberá de la Cámara de Casación consideró que el reclamo "era improcedente".