Proponen que la construcción de cárceles la paguen bandas criminales

ARGENTINA.- La decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de avanzar con el otorgamiento a empresas privadas de la construcción de cárceles en la Provincia, a cambio de la posibilidad de proveer servicios en esas unidades carcelarias, disparó debates y cruces de opiniones entre quienes respaldan la medida, quienes advierten sobre los peligros que conlleva y quienes proponen, en cambio, otras formas de financiar nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En ese marco, desde la oposición salieron a plantear la necesidad de que el dinero incautado a bandas criminales se destine a las obras necesarias para disponer de nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que hoy tiene una superpoblación estimada en 10 mil presos.

El que lanzó la propuesta fue el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez, autor de una proyecto de extinción de dominio y repatriación de capitales, que permitiría al Estado disponer los bienes y activos que surjan cuando se desbaraten bandas de narcotráfico o de delitos de corrupción.

El Programa de Participación Pública Privada (PPP), dice Gutiérrez, “es un sistema valido y usado para la construcción de cárceles”. “Pero la realidad demanda que las paguen las organizaciones criminales con el recupero de activos mal habidos como campos, hoteles, casas, aviones, autos”, afirma. Y agrega: “Si no, robar sigue sin tener costo en la Argentina y el Estado sin jugar a fondo”.

El debate se disparó luego de que se conociera que el Ejecutivo bonaerense avanzará en 2018 en contratos con empresas del sector privado para la construcción de nuevas unidades carcelarias en la Provincia, donde hay 38 mil presos y sólo 28 mil plazas.

La decisión fue confirmada por el subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia, Juan Baric, quien explicó que la idea es que las empresas levanten las nuevas unidades en el marco de un sistema similar al leasing y que contemplaría la posibilidad de que esas firmas puedan proveer servicios como las comunicaciones internas o la comida.

El sistema, explican desde el gobierno de Vidal, no significa una privatización del sistema penitenciario, ya que el control y la administración de los penales seguirán en manos del Estado.

Y aclararon que las ganancias que obtengan las empresas, de ninguna manera estará atada a la cantidad de internos, como ocurre en países como Estados Unidos, donde el sistema genera cuestionamientos por el incremento de la población penitenciaria que los críticos vinculan justamente a la presencia del sector privado.