Obra pública: piden elevar a juicio oral la causa contra Cristina Kirchner por corrupción

ARGENTINA.- Cristina Kirchner quedó más cerca de ir a juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez Julián Ercolini que eleve la causa a juicio. En este expediente se acusa a  la ex Presidenta Cristina Kirchner de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”. Junto al empresario K están procesados otras diez personas.

En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

En este caso, Pollicita y Mahiques ampliaron la maniobra y consideraron que los "hechos de corrupción" alcanzaron a otro empresario "amigo, ligado personal y comercialmente" a quienes ocuparon la presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra "en soledad", sino que se trata de la "causa madre" de un grupo de investigaciones que involucran a la ex Presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles.

Se instauró una "maniobra de corrupción" -según los fiscales-, desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez": fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes".

Por ello, los fiscales pidieron que se llegue a la etapa de debate oral y público que "permitirá juzgar los distintos hechos de corrupción".

Según Pollicita, en esta causa se investiga una "operatoria criminal" con la cual desde el Gobierno anterior y diversos "organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de $ 46.000 millones".

De esta manera, para la fiscalía, se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".

Todo contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado".

Los "jefes" de la asociación ilícita fueron según la imputación, el matrimonio Kirchner y en el rol de organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner como parte del ministerio de Planificación Federal. También, el ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el "amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Báez a quien beneficiaron espuriamente", entre otras personas.

La justicia determinó que hubo una etapa posterior al "apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública" y fue el destinado "al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos".

Desde una faceta privada, los ex Presidentes buscaron ​"convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Esto fue posible gracias al "esquema de reciclaje" que se utilizó para "instrumentar maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades". Para ello, se usaron empresas de Báez y de Cristóbal López, "canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos".

Esta parte de la "gran maniobra de corrupción", consistió en que los "jefes de la asociación ilícita" recibieran una parte de los fondos que habían "sido sustraídos por la organización criminal que ellos dirigían y que pudieran disponer libremente de ellos".