Río Turbio: el juez citó a indagatoria a Julio De Vido, y le prohibió salir del país

ARGENTINA.- Por los manejos irregulares de fondos públicos que debían destinarse a la modernización de la mina de Río Turbio, ubicada en Santa Cruz, Julio De Vido deberá declarar el 28 de noviembre. El juez Luis Rodríguez lo citó en la causa que investiga la malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones. Junto a él fueron llamados Roberto Baratta y otros 34 imputados. Rechazando el pedido de detención sobre todos los investigados, les prohibió a todos la salida del país, y les ordenó que se presenten una vez al mes en el juzgado.

A 309 kilómetros de Río Gallegos se encuentra la Cuenca Carbonífera conformada por las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre. El corazón de la cuenca es Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa minera que entre 2004y 2015 recibió del ministerio de Planificación Federal $ 26.000 millones. La actual gestión de YCRT -que depende del ministerio de Energía- denunció a De Vido por malversar ese dinero y desviar fondos por 265 millones de pesos, en perjuicio deEstado.

Después que la sala II de la Cámara Federal le ordenara revisar la determinación de no llamar a indagatoria a De Vido como le había pedido el fiscal Carlos Stornelli, y tras una serie de medidas de prueba ordenadas durante estos meses, el juez Rodríguez citó a las 36 personas, entre ellas Julio De Vido, al ex secretario de Coordinación Roberto Baratta y al ex responsable de Minería, Jorge Mayoral, entre otros ex directivos de YCRT.

La ronda de indagatorias se inicia el 3 de octubre con Jaime Álvarez, ex funcionario de Planificación Federal y actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz. El último en presentarse ante el juez Rodríguez será Julio De Vido el 28 de noviembre.

Para los 36 imputados en la causa, el juez ordenó la prohibición de salida del país y que entreguen sus pasaportes en el juzgado, donde además, deberán presentarse una vez al mes. Es la primera vez que la justicia le cierra las fronteras a De Vido. Rodríguez, en cambio, rechazó el pedido de detención del fiscal.

El manejo presuntamente fraudulento de los fondos incluía los planes de modernización de la mina de Río Turbio, como también la construcción de la Usina Térmica, que según la Sindicatura General de la Nación determinó que tuvo once modificaciones de costo incrementando su valor en un 98%. También se agregó la puesta en valor de un tren por casi 443 millones de pesos, que nunca se terminó y se pagó parcialmente.

En la denuncia se planteó que el estado del complejo minero es “incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobladas y tercerizadas para sortear los diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera ministerial respectiva”.

Las maniobras “de desvío de fondos” se realizaron por intermedio de diversos convenios de colaboración entre YCRT y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en el sur. El juez ordenó su intervención judicial de la Fundación, al considerar que participó de una triangulación contractual para “disponer de fondos públicos sorteando los diversos controles en materia de contratación”, generando un perjuicio económico al Estado.

Asimismo, el magistrado consideró que los contratos celebrados "no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes", y habrían sido "los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional".

Con sumas millonarias en sus cuentas bancarias y percibiendo fondos por el alquiler de un inmueble ubicado en San Isidro, el juez consideró que esta actuación de la Fundación estaba “alejada de sus funciones sociales”, por ello la intervino, inhibió sus bienes y congeló sus cuentas bancarias.

Los convenios firmados para capacitaciones y diversas obras, fueron centrales para el juez. Hubo algunos firmados entre YCRT y la fundación de la UTN para diversas capacitaciones que, según la denuncia inicial, “no se llegó a corroborar que se hayan dictado”.

También se analizaron contrataciones vinculadas al “Tren Histórico Eva Perón”, que demandó 442 millones de pesos y para su ejecución se firmaron 453 convenios entre el Ministerio de Planificación representado por Baratta y la FRSC. La obra no se concluyó y el tren sólo funcionó el día de su inauguración unos pocos metros, en plena campaña electoral de Máximo y Alicia Kirchner.