Insólita exigencia de Odebrecht: pide que se la compense con US$ 203 millones

ARGENTINA.- Ante la evidencia incuestionable de su propia confesión, la empresa ofreció al Gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos. Sin embargo, paradójicamente, en paralelo, también comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos.

Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur, Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.

De los tres grandes contratos de los que Odebrecht participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales.

Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar. La compañía está exigiéndole al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi.

Pero los representantes legales de la constructora brasileña no sólo le plantearon a Nación Fideicomisos un pedido de resarcimiento, también le hicieron llegar al Gobierno posibles cifras en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar en la suspensión de los otros dos grandes contratos que tiene la empresa: las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el soterramiento del tren Sarmiento. Se habla de $ 1100 millones y US$ 7,5 millones, respectivamente.

Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales. En el caso de las obras de ampliación de los gasoductos existían después de todos informes de la AGN y de la Sigen que respaldaron el accionar oficial.

Fuente: Diario Jornada