Se complica el acuerdo entre el Gobierno y Odebrecht para conocer detalles de los sobornos

ARGENTINA.- Después del complicado trámite del caso Odebrecht en la Justicia argentina, el posible acuerdo de la empresa con el Gobierno también empieza a empantanarse. El primer borrador presentado ayer por los brasileños al ministro de Justicia, Germán Garavano, contiene exigencias "inaceptables", informaron al diario LA NACION fuentes oficiales.

El malestar de un sector del Gobierno con la empresa brasileña se concreta en la previa a un nuevo encuentro de Garavano y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, con los abogados de Odebrecht, en el marco de las negociaciones por un acuerdo con la empresa que permita obtener más datos sobre las coimas en la Argentina.

Odebrecht condiciona el aporte de la información sobre el pago de sobornos en la Argentina a cambio de inmunidad judicial para sus ejecutivos por los delitos que cometieron en el país, según reconstruyó  de fuentes vinculadas a la negociación. Pero también la compañía pretende impedir cualquier tipo de investigación sobre irregularidades en sus contratos a futuro, si es que continúa operando en el país.

Los brasileños desarrollan obras de gran magnitud en el país. La principal es el soterramiento del tren Sarmiento, un contrato de 3000 millones de dólares licitado por Néstor Kirchner que actualmente es investigado por la Justicia. La última obra que se puso en marcha es la construcción de un gasoducto en Córdoba, que puso en marcha el presidente Mauricio Macri.

El malestar sobrevuela a las distintas áreas del Gobierno después de la propuesta de Odebrecht. Lo único que ofreció ayer la empresa es evitar poner trabas cuando el Ejecutivo pida a Brasil los datos de las declaraciones de sus ejecutivos en ese país sobre los U$ 35 millones de sobornos pagados en el país. Esos datos, sostienen en el Gobierno, llegarán después del 1 de junio independientemente de la voluntad de Odebrecht.

Desde el Ejecutivo consideraron que sería "una locura" firmar el acuerdo propuesto por los brasileños, ya que podría implicar graves problemas judiciales para los funcionarios que se animen a firmarlo. Desde la empresa, en cambio, remarcan que este tipo de acuerdos ya fue homologado en distintos países de la región.

Fuente: La Nación