El Gobierno decidió girar el dinero de la obra pública directamente a los intendentes

ARGENTINA.- La decisión de la Casa Rosada de centralizar las licitaciones de viviendas y de que los intendentes reciban directamente los recursos para construirlas provocó en los últimos días un creciente malestar entre varios gobernadores. La inquietud se debe no sólo a que pierden el control sobre esos proyectos, sino también a la imposibilidad de capitalizarlos políticamente durante la campaña electoral que se avecina. Por eso, acusan al Gobierno de “discrecionalidad”. El malestar quedó reflejado la semana pasada en una reunión de mandatarios peronistas en la Casa de Entre Ríos.

Los ministros de Obras Públicas de diferentes jurisdicciones confirmaron a que en una reunión a fines de abril Ricardo Delgado, coordinador de la obra pública federal en el Ministerio del Interior, les planteó la idea de eliminar los registros de contratistas de obras públicas que tienen todas las provincias y que todas adhirieran al registro nacional.

Iván Kerr, subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, subrayó que tanto los planes federales como el nacional contemplan “el giro directo a los municipios”. Y, en respuesta a las críticas de los gobernadores, retrucó: “Ellos también son discrecionales; también escuchamos los reclamos de los intendentes”.

El funcionario confirmó que el 28% de las obras en ejecución se realiza a través de los municipios; el 57%, vía institutos provinciales, y el resto, mediante organizaciones sin fines de lucro y unidades ejecutoras provinciales.

Los recursos para viviendas se distribuyen entre los del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi), que tiene fijados por ley los coeficientes de dinero que corresponden a cada provincia, y los ex planes federales que, en cambio, son manejados en forma discrecional por el Ejecutivo. También están los de Hábitat ($ 9.000 millones para mejoras) y el ProCreAr. Según datos de la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, los planes federales representan $ 23.500 millones; el ProCreAr, $ 23.500 millones y el gobierno central gestionará otros $ 38.842 millones.

En el caso del Fonavi, el año pasado fueron $ 10.661 millones y éste, rondarán los $ 12.474 millones. Las viviendas de ese plan cotizan alrededor de $ 850.000 (55 metros cuadrados), las provincias aportan el lote y la infraestructura.

El senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio, dijo que el ministro Rogelio Frigerio le reconoció que hay giros directos a municipios, lo que según él “es inaceptable”.

Horacio Rey, secretario general de la gobernación chaqueña, explica que en la provincia hay 6800 viviendas asignadas desde la gestión anterior, pero “la transferencia de fondos es muy lenta”. Hay convenios firmados para reiniciar 3200. Admite que la versión de que serán los municipios los que manejarán los fondos es creciente y la rechaza: “Se lo hemos dicho a Frigerio; tienen que respetar el esquema federal existente”.

“Queremos recuperar el Fonavi para las provincias y para su política habitacional -añade Kerr-. Es un fondo creado para financiar vivienda que desde 2001 es de libre disponibilidad para las provincias por lo que muchas veces se termina usando para cubrir otros gastos”. Por eso apuntan a derogar la libre disponibilidad.

Luis Beder Herrera, diputado justicialista de La Rioja, indicó que “hay un avasallamiento federal; legalmente corresponde que los recursos de vivienda pasen por las provincias”. Planteó que, en su provincia, el intendente capitalino Alberto Paredes Urquiza “recibe más dinero que el gobernador porque quieren dividir al peronismo para ganar las elecciones”.

Kerr rechaza que el reparto de los recursos en el país se haga con un criterio político: “Se hace en base a la distribución del déficit habitacional, cerca de 1,4 millones de hogares, más de 5 millones de personas”. Subraya que también hay protestas entre las provincias por la decisión de financiar a través del Estado a las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

Teresa Boselli, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UBA y una de las autoras del trabajo “¿Quo vadis Fonavi?” señaló que la centralización de las licitaciones podría facilitar la administración y ganar agilidad, aunque entiende que los planes de vivienda deberían seguir en mano de las provincias: “Sería lo más equitativo, conocen las necesidades regionales. Tiene que administrarse de la forma más transparente posible”.

Fuente: La Nación