Piden probar que Lázaro Báez lavó dinero de la corrupción

ARGENTINA.- Vista desde los tribunales, la corrupción kirchnerista asemeja a un edificio de tres pisos. En la planta baja se sitúa la investigación sobre los millones de dólares en obra pública que recibió Lázaro Báez por las rutas santacruceñas, en el primer piso se acomodan los giros de fondos negros que hizo el empresario fuera del país mediante "La Rosadita", los que fueron blanqueados y reingresados, y el tercer piso es el del dinero que recibieron Cristina Kirchner y sus empresas en pago de alquileres y contratos de los empresarios que se enriquecieron con los negocios con el Estado.

Con esta perspectiva, el primer piso lo ocupa el caso del juez Julián Ercolini, en el que está procesada Cristina Kirchner por direccionar las obras públicas; en el segundo está la causa del juez Sebastián Casanello por la ruta del dinero K, y en el tercero se acomodan las causas Los Sauces, del juez Claudio Bonadio, y Hotesur, de su colega Ercolini, donde se investigan los alquileres.

Con este escenario, la Cámara Federal prepara el terreno para que cuando los casos sean elevados a juicio oral se realice un megaproceso por corrupción que tenga sentado en el mismo banquillo a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios que se beneficiaron económicamente durante el kirchnerismo.

Al menos así podría interpretarse el fallo conocido ayer de la Sala II del tribunal, que dispuso frenar la elevación a juicio de la causa contra Báez, para que Casanello profundice en la acusación de que los fondos negros blanqueados por el empresario provienen de la obra pública recibida a manos llenas por su relación con Cristina Kirchner.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron que nada se avanzó en la vinculación de los fondos que manejó Báez con la irregular concesión de obras públicas a sus empresas, sobre la base de las relaciones que tenía con "quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder". Dijeron que Casanello extractó estas cuestiones y las delegó en el fiscal Guillermo Marijuan, quien "tampoco avanzó sobre el punto". En rigor, esta parte de la causa está avanzada en el juzgado de Ercolini, pero esta investigación se limitó a la obra vial y no al resto.

Los camaristas señalaron que la investigación de Casanello no debe quedarse con la hipótesis de que el dinero provino de la evasión, sino que debe considerarse la "desmedida e irregular" asignación de obras públicas a las empresas de Báez.

El tribunal le dijo a Casanello que "resulta imperioso" hacerlo, ya que por ahora existen en la causa investigaciones sobre las facturas truchas por US$ 5 millones introducidos en "La Rosadita" y los casi US$ 33 millones que salieron y entraron al país blanqueados, tras la venta de títulos de deuda pública.

La Cámara dijo que es inconveniente y riesgosa la elevación del caso a juicio en estas condiciones, cuando faltan resolver la situación procesal de los hijos de Báez, indagados por supuestas cuentas en Suiza, esclarecer qué pasó con la supuesta salida del dinero del país en bolsos, como dijeron Leonardo Fariña y Federico Elaskar, y con la red de empresas creadas en Panamá. La Cámara Federal cuestionó a Casanello y Marijuan por no haber avanzado en la conexión de estos negocios con la obra pública kirchnerista.

La Sala II de la Cámara se pronunció de esta manera, a raíz de un planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opuso al cierre de esta etapa de instrucción -"ni aún parcialmente-, sin que se avance en la imputación por la totalidad de las maniobras denunciadas".

En la causa, Casanello procesó en un primer momento a los financistas Elaskar y Fariña, entre otros, por maniobras de lavado de dinero relacionadas con un campo en Mendoza.

El año pasado, después de que apareciera el video de la financiera SGI, Casanello también procesó a Báez, a su hijo Martín y a otros acusados por el dinero que contaban en las oficinas de Puerto Madero, y luego lo volvió a procesar por el reingreso al país de unos US$ 33 millones, a través de bonos de la deuda pública argentina, adquiridos por Helvetic Services Group SA, que terminaron depositados en una cuenta de Austral Construcciones.

En un fallo anterior, la Cámara Federal le había ordenado investigar las "íntimas" relaciones comerciales y societarias del empresario con Cristina Kirchner y había reclamado investigar el rol de la ex presidenta, del ex ministro de Planificación y actual diputado por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, y del ex secretario de Obras Públicas José López, por el otorgamiento de obras públicas a las empresas de Báez por unos US$ 650 millones en doce años.

Ahora, sin embargo, los camaristas dijeron que Casanello debe mirar la causa de su colega Julián Ercolini, quien procesó a la ex presidenta.

Los camaristas fueron menos ásperos que otras veces con Casanello. "Cuanto menos parece necesario intentar avanzar y definir aquellas hipótesis que ya se encuentran encaminadas -dice el fallo-. Se deben agotar todas las vías probatorias para profundizar en aquellas imputaciones en las que se ha avanzado y que resultan plausibles de demostración", sin esperar los exhortos.

El tribunal hizo hincapié en la tercera imputación que llevó adelante Casanello contra Báez y sus hijos, y contra Ricardo Echegaray, donde se aludió al montaje "de una estructura societaria y bancaria en el extranjero para canalizar la salida del flujo de dinero hacia el exterior proveniente de la obra pública, de la cual su grupo de empresas fue beneficiado".