Obra pública: los fiscales de la causa que complica a Cristina y ministros, respondieron la apelación

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques respondieron a las objeciones y cuestionamientos que plantearon Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros, en las apelaciones a sus procesamientos y embargos en la causa de presunta corrupción en la obra pública. Los fiscales reiteran que existió una "operatoria criminal" y que se "montó una estructura funcional" orientada "a la sustracción de fondos públicos" que favoreció al empresario K con "más prácticamente el 80% de los contratos viales". Rechazan así, el pedido de peritaje que hizo Cristina Kirchner y el retierado argumento de la "persecución política".

Según analizaron Pollicita y Mahiques, en las apelaciones de los principales procesados hubo "argumentos comunes" y refutaron cada uno de ellos. En primer lugar, la ex Presidenta, al igual que De Vido, José López y el propio Báez, hablaron de "decisiones políticas no judiciables" por tratarse de atribuciones del Poder Ejecutivo y las facultades otorgadas por la Constitución.

En tal sentido, los fiscales reiteraron que hubo una "operatoria criminal" por medio de la cual "desde el Poder Ejecutivo y los organismos de administración estatal con intervención en materia de obra pública vial", se montó "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos". Esto representó, "una asignación discrecional de prácticamente el 80 % de las obras viales adjudicadas" al Grupo empresarial de Báez, que a febrero de 2016 representaba una suma de $ 16.000 millones.

Los fiscales remarcaron que en ningún momento -tal como expuso Cristina Kirchner- se pretendió poner en tela de juicio la facultad del Poder Ejecutivo para confeccionar presupuestos, o la promulgación de leyes, ni introductor al fuero penal las decisiones políticas o macroeconómicas. “Lo que sucede es que todas estas acciones fueron el andamiaje sobre el que se erigió la maniobra investigada, parte central y necesaria del plan ideado para sustraer fondos del Estado ocasionando un perjuicio millonario a éste”, expresaron en el escrito.

Aunque la ex Presidenta negó que el empresario K sea “amigo” (vínculo que sólo -según su apelación-, podía atribuirse a Néstor Kirchner), los fiscales insistieron en que se trata de un “sistema de beneficios y prebendas” a favor del conglomerado empresarial “del amigo de la familia presidencial”. En función de esto es que rechazan el planteo de los procesados respecto a que se intentaría juzgar “decisiones políticas”, al considerar que los ex funcionarios y Cristina Kirchner “usaron sus atribuciones en contra del interés de la administración pública”.

Cristina Kirchner y De Vido rechazaron la auditoría de Vialidad Nacional sosteniendo que no hubo "sobreprecios" y "asignación discrecional" a favor del empresario K. Insistieron en la necesidad de realizar un pericia "completa de toda la obra pública". Al respecto, los Fiscales plantearon que con el pedido se busca es "correr el eje" de la investigación que se ocupa de los contratos otorgados a Báez en el sur, y no de una "auditoría integral de la obra pública nacional". El pedido de la percicia ya había sido rechazado por el juez Ercolini considerándola "improcedente".

Pollicita y Mahiques defendieron la auditoría de Vialidad, donde señalaron que mostró "la ausencia total de controles" sobre los proyectos que tuvo el Grupo Austral con un "marcado

desinterés por su realización en tiempo y forma" algo distinto "al interés previo que justificó el torrente de dinero a esos fines".