La justicia investiga delitos en licitaciones viales en la provincia de Buenos Aires

ARGENTINA.- El dueño de un galpón de materiales de construcción de Lomas del Mirador recibió una llamada desde las oficinas de la Dirección de Vialidad Nacional. Lo contactaron auditores para consultarlo por una vieja licitación. La comunicación lo descolocó. Su empresa jamás había participado de una contratación pública. Más tarde lo sorprendió ver documentación con su firma y el sello de su compañía. Todo era falso.

El empresario no fue el único sumido en el asombro. Por lo menos otros 10 hombres de negocios se enteraron de que sus firmas figuraron en licitaciones en las que no habían participado y que se habrían falsificado documentos para simular compulsas de precios que no existieron.

Esta y otras presuntas maniobras forman parte de una reciente causa penal, a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, que alertó sobre irregularidades en la obra pública del distrito de Buenos Aires durante los últimos años del kirchnerismo.

La Justicia pondrá así la lupa sobre las contrataciones que realizó la delegación del organismo nacional en la provincia. La causa recayó en la fiscalía de Paloma Ochoa, que impulsó la investigación, y en el juzgado de Daniel Rafecas, que prepara las primeras medidas de prueba para cuando termine la feria judicial.

Según se pudo conocer de fuentes judiciales, en la causa se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados.

La denuncia de Vialidad se originó tras una auditoría interna realizada durante 2016 sobre el Distrito N° 1 (Buenos Aires). El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas.

La fiscal Ochoa, de turno durante la feria, pidió impulsar el caso y requirió que el titular de Vialidad, Javier Iguacel, ratifique su denuncia. También que presente más documentación, dado que la actual gestión cuenta con papeles que serán clave para la investigación. El juez Rafecas, que tiene delegado el expediente, prepara las primeras medidas de prueba para el regreso de la actividad judicial habitual, el próximo miércoles.

El informe  alertó que existen elementos para sospechar que agentes viales "montaron una estructura ilícita para adjudicar contratos a proveedores predeterminados o, al menos, simular competencia en compras que, a la postre, ganaron sistemáticamente proveedores habituales de la provincia de Buenos Aires".

La auditoría exhibe una toma de veinte contrataciones públicas que exhiben falsificación de documentos y la confección de sellos y firmas apócrifas. Además advierte que entre los años 2013 y 2015, sobre un total de más de 500 procedimientos, sólo tres fueron mediante licitación pública, el mecanismo que garantiza la mayor publicidad y transparencia.

En tanto advirtieron una presunta concentración de proveedores. Es que el 72,6% del total de los fondos adjudicados se repartió entre 15 empresas, de las 95 firmas que alguna vez obtuvieron contratos.

Casos sospechados

Las contrataciones sospechadas son para obras y para la compra de insumos y materiales. En uno de los casos, para la adquisición de ropa de trabajo, cinco empresas presentaron presupuestos. Los auditores de Vialidad se contactaron con las firmas "perdedoras". Según consta en el expediente, el dueño de una compañía recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Agregó que "jamás participó en una licitación con el organismo". Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.

En el caso de las obras de mantenimiento del puente Avellaneda, se realizó la licitación privada N° 56/2013. En aquel entonces, por ley era obligatorio llamar a licitación pública toda vez que una contratación superara los $ 800.000. Pero el llamado se hizo por $ 799.015. Cinco empresas retiraron el pliego (y firmaron una constancia), pero sólo una ofertó y se llevó el contrato. Al ser consultadas, las demás "oferentes" desconocieron la rúbrica que figuraba en la documentación y negaron haberse interesado alguna vez en esa obra.

En otras de las licitaciones privadas para la remodelación de oficinas se halló un caso burdo: uno de los que figuraba en la compulsa de precios vio que su sello, fraguado, tenía mal escrito su nombre. En lugar de "Moneto", aclaró, su apellido llevaba doble "T" (ver facsímil). Otro de los falsos proveedores aclaró que "no tiene capacidad para realizar trabajos de esa magnitud" ya que figuraba con una oferta por $ 600.000.

Una de las contrataciones fue para adquirir un dron "tipo cuadricóptero". De las empresas que concursaron, sólo una cumplía los requisitos y salió ganadora. Las otras negaron haber participado. "La firma no es nuestra, nunca retiramos el pliego", respondió una de ellas por escrito. En un caso de compra de mobiliario, uno de las empresas utilizadas de forma irregular aclaró que incluso estaba mal su razón social: no se llamaba "Muebles Caporaso", como estampó el sello trucho, sino "Establecimientos Caporaso".

Otras irregularidades

La Justicia deberá investigar si en las oficinas de Vialidad en Buenos Aires se acudió a "fraccionar" los montos de las contrataciones para eludir el proceso de licitación pública. Además, el Distrito 1° de Vialidad tampoco había comunicado sus compras a la Oficina Nacional de Contrataciones, para

que difunda las convocatorias. Así, en la provincia de Buenos Aires, Vialidad se manejó "puertas adentro".

A priori, la causa señala a quince personas imputadas, entre ellas, el jefe de la División Administración del Distrito N° 1 Luis Lozano y otros cinco funcionarios que tuvieron distintos roles en las contrataciones. También otros diez empresarios beneficiados con fondos públicos, que ganaron contratos sospechados.

La Justicia deberá investigar si existieron negociaciones incompatibles y "falsedad material".