Frenan pagos de la obra pública por el déficit fiscal

ARGENTINA.- El Gobierno pisó los pagos de la obra pública para poder cerrar las cuentas del déficit fiscal. Es un reclamo que hacen hoy las grandes constructoras, que en el último mes no están cobrando sus facturas. Y lo reconocen los funcionarios. Pero ese es sólo uno de los temas dentro de la compleja puja que hay hoy entre los popes de la construcción y los hombres de los ministerios de Interior, Transporte y Energía. Indexación de contratos, descuentos de precios y atomización del negocio suman presión.

El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay se comprometió a que 2016 cerraba con un déficit del 4,8%. Pero en los últimos meses el Gobierno resolvió muchos conflictos con la chequera y eso impactó en las cuentas. Desde reducir la suba de tarifas al incremento de planes sociales, pasando por ayudas a provincias y municipios.

“Desde principio de mes no están pagando las facturas que vencen, no tienen plata”, dice el presidente de una de las mayores constructoras del país. “Esto es en off the record, no? -pregunta un empinado funcionario, de los que firman contratos de obra pública-. Si, es así, dejamos de pagar, hay que cerrar los números del año. Pero esto siempre se hizo así, no? Para principios de enero empezaremos otra vez a pagar con normalidad; esto es sólo deuda flotante. Y no estamos frenando el ritmo de las obras, para nada”.

“Eso es cierto -añaden en otra constructora-. Se han puesto muy exigentes con los plazos. Nosotros estamos haciendo una ruta en el norte del país y nos volvieron locos para que la terminemos antes de fin de año”. Pero en tanto, las facturas sin pagar se acumulan, se cancelarán con los fondos del año próximo.

Hasta ahí, es un problema de caja. Como tuvieron otros gobiernos. Pero en esta ocasión hay además una agenda más profunda, con enojo marcado de los dos lados. Los empresarios critican con dureza a los funcionarios, los tratan de “inoperantes”. Los funcionarios devuelven gentilezas, y escupen epítetos como “corruptos”. Aunque los repiten ante este cronista, seguramente no se dirían esos adjetivos unos a otros en la cara. Pero sirven para mostrar la tensión del ambiente. Entre las grandes constructoras y los tres ministerios que manejan la obra pública hoy el aire se corta con un cuchillo.

Uno de los temas que más críticas privadas concentra es la actualización de los pagos. O sea, la indexación. Hasta abril pasado regía el decreto 1.295. A partir de mayo, el 591. Pero este último no fue reglamentado. Los funcionarios aseguran que “está en trámite”. “Nos están pagando con actualizaciones a mayo, con lo que ha sido la inflación”, se queja una constructora local. “Te dan los certificados, te atienden, son prolijos -agrega el mismo empresario-. Pero el ajuste no aparece”.

Los empresarios se quejan de muchas cosas más. Que no hay un interlocutor único, porque las obras están repartidas en varios ministerios, con distintas formas de trabajo. Que el Gobierno no

avanza con los organismos multilaterales: uno asegura que en el Banco Mundial le dijeron que por esa razón todavía no pudieron terminar de adjudicar los US$1.500 millones de dólares que tenían previstos para el país para este año. Es dinero para infraestructura, la misma que el banco se negaba a financiar al anterior gobierno. Y hasta el segundo semestre de 2017 no se pondrá en marcha el sistema PPP, de alianza público prívada, que puede dinamizar el sector.

Pero el fondo es la batalla que cruza a empresarios y funcionarios y que hace a tratar de establecer una forma de relacionarse. Veamos algunas definiciones.

“Argentina está enferma de corporativismo -dice un ministro nacional-. La corrupción está en la sangre de los empresarios. Se enojan porque ahora, por primera vez, hay competencia. Y las empresas más grandes hace mucho que no van al gimnasio. Son más lobistas que ingenieros”.

“En los últimos 10 años se contrataba pero no se construía, el negocio era ganar la licitación, no hacer la obra. Entonces no había ingenieros ni máquinas, se perdió ingeniería”, conceden desde una empresa de gran porte.

¿Coinciden? No. Es que se están refiriendo al que es el punto central de las divergencias, la tasa de descuento. El Gobierno licita obras y gana quien presenta un descuento mayor sobre el precio. Así los funcionarios luego pueden decir “Esta obra se contrató un 30% más barata que lo que la hacían los K”. “Pueden bajar los precios, ahora no pagan coimas como antes”, añaden en los ministerios.

Para los ministros, eso es ganancia: dicen que con ese sistema hay más competencia. Los empresarios dicen que por ese camino sólo habrá obras sin terminar. “Se las adjudican a empresas que no tienen la calificación ni espalda para hacerlas, sólo porque ofrecen mucho descuento. Pero es gente que no sabe de este negocio”, señalan. A la hora de poner ejemplos en esta discusión, dos empresarios señalaron hacia el que sería el mayor constructor nacional y se preguntaron: ¿por qué él no se presenta en ninguna licitación?. Y se responden: porque sabe que con esos precios no se puede hacer la obra. Curiosidad: el ministro antes citado también se refiere a este hombre: “Me llamó personalmente, me pidió que cambiara una condición de una licitación, lo hicimos, y después no se presentó ni me atendió más el teléfono”. Pequeñas anécdotas de la vida cotidiana.

Con ese ambiente como fondo, volvamos al principio: los pagos empiezan a atrasarse. “No hay ningún problema, las obras no se demoran”, dicen en un ministerio. “A partir de enero nos vamos a ordenar y poner en término”, dicen en otro. Por ahora, sólo cuenta cerrar las cuentas.