Conoce los detalles de la ley de participación público-privada

ARGENTINA.- El Senado de la Nación dio sanción a la ley que crea el Régimen de Participación Público-Privada, un proyecto enviado en segunda revisión por Diputados, por el cual el Poder Ejecutivo busca reactivar la obra pública y servicios de infraestructura en el país. 

Esta figura de asociación es bien conocida en el mundo y tiene experiencias exitosas en la región con diferentes colores políticos, caso de Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. El modelo impone al Estado principios de transparencia, igualdad de tratamiento, contralor y otras reglas que aseguren un adecuado y eficiente manejo de los fondos públicos.

Por su parte, el sector privado puede acordar la forma de ejecutar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los trabajos, respetando un adecuado equilibrio entre la inversión realizada, el beneficio esperado, el costo pagado y la puesta en servicio. Si bien la asociación público-privada ya tiene regulación legal en la Argentina, nunca se concretó por el escaso ámbito de aplicación, la falta de un adecuado resguardo jurídico de la inversión y ausencia de incentivo para políticas de financiamiento.

Estos impedimentos han sido superados por el entendimiento de diputados y senadores, oficialistas y opositores, quienes fortalecieron la iniciativa macrista con más de treinta modificaciones en ambas cámaras. En el Congreso se asegura que es "una ley muy trabajada'' gracias al consenso de las bancadas para incorporar cláusulas ambientales, la defensa de la industria nacional, de subcontratación de empresas pymes y provinciales, y la utilización de los fideicomisos existentes, entre otros puntos.

El régimen de participación mixta es una herramienta que puede cambiar radicalmente la imagen política de la obra pública, tan cuestionada por los casos de corrupción kirchnerista. La nueva norma pone énfasis en los organismos de contralor, frente a las inversiones atraídas por los proyectos, a fin de que el Estado obtenga la mejor relación precio-calidad por el servicio que recibe, un principio conocido en el mundo como "value for money'' marginado en las licitaciones digitadas políticamente.

Esta la ley de creación del Régimen de Participación Público-Privada también prestigia a la democracia parlamentaria, lejos de aquella "escribanía'' de la última década.