San Luis: auditoria reveló serias irregularidades en planes de viviendas

San Luis.- La interventora de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques, Ángela Gutiérrez de Gatto, hizo un racconto de los primeros meses de trabajo y destacó varias irregularidades detectadas desde junio, cuando comenzó la investigación. En la ocasión habló sobre las graves irregularidades del Plan Solidaridad, de las casas de los planes Progreso y Sueños que fueron entregadas y no son habitadas, viviendas que fueron entregadas a funcionarios de la gestión anterior sin respetar el orden de prioridad de los inscriptos, y hogares que fueron adquiridos por grandes empresarios de San Luis. Asimismo informó sobre desadjudicaciones que legitiman ventas, expresamente prohibidas por la ley, venta de carpetas, cancelaciones anticipadas para poder vender las casas y falseamiento de datos. Finalmente anunció nuevas entregas, y adelantó que presentará un nuevo proyecto de Ley de Viviendas.

En la conferencia realizada este lunes en el despacho de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques, la interventora a cargo desmenuzó varias temáticas que surgieron de la auditoría realizada desde junio, y presentó documentos y fotografías para avalar sus denuncias.

En referencia al Plan Solidaridad, la interventora de Vivienda detalló que se creó en febrero del 2012, nació con la idea de que se firmen convenios con los municipios a los efectos de que los beneficiarios de las casas las construyeran por el método de autoconstrucción, donde los municipios ponían los áridos y los terrenos, y Vivienda les entregaba los materiales.

“La mayoría de los beneficiarios eran mujeres de los sectores más humildes, y no comparto que habiendo existido dos planes, Progreso y Sueños y el Solidaridad, las hayan hecho trabajar. Eran mujeres a las que se les tomaba asistencia, y si faltaban porque tenían que cuidar a los hijos se las desadjudicaba. No puedo dejar de decir que me parece perverso”, sostuvo.

La funcionaria añadió que de los 33 municipios que firmaron convenios, solamente 5 terminaron las casas. “Se encararon 871 casas, de las cuales se finalizaron 498, y 373 están sin terminar. Tuvo muchas irregularidades el plan: la calidad edilicia, comienzan por autoconstrucción, luego se genera un decreto por el cual se permite hacer contrataciones directas hasta el monto de $2.500.000 y sin que haya ningún instrumento, se cambia la modalidad de la autoconstrucción y se contrata a empresas. A las empresas se les paga el servicio de la construcción y se les sigue entregando el material. Estamos organizando los remitos para ver a qué localidades fueron cada uno de los materiales que se dieron, no está claro el destino de los materiales. Hay mucho desorden con los remitos”.

Gutiérrez de Gatto puntualizó que lograron compilar dos años, 2014 y 2015, en forma parcial; sólo en ese tiempo se gastaron $35 millones en material.

“En La Toma, que fue un caso emblemático, se contrató a una empresa que se dedicaba a realizar tableros eléctricos; en ningún lugar figura que puede construir. En el Barrio Estrella del Sur en la

ciudad de San Luis, en febrero se volaron los techos cuando vino un fuerte viento, por la calidad edilicia. Se llegaron a contratar empresas, no queda claro por autoconstrucción hasta qué parte del porcentaje estaba realizada. Se habla de etapas pero no queda claro, esa empresa no termina, se contrata a otra empresa para que termine. Pasamos desde los beneficiarios a dos empresas y las casas todavía están sin terminar. Se violó la reglamentación de contrataciones. Obviamente se pagó bastante”, sostuvo.

Por su parte, en Villa Mercedes, insistió que “a pesar de que la Ley de Obras Públicas lo prohíbe, se fraccionaron los gastos para no superar el monto autorizado; entonces se contratan tres empresas en simultáneo, a las que les dan 33 casas a cada una. Hay mucha violación, falta de responsabilidad del Estado con la falta de control que debió realizar porque no podían estar en ese estado. Alguien certificó y aprobó que se le pague a las empresas con ese estado de construcción, y agrava muchísimo que son los sectores más vulnerables”.

La intervención cuantificó que lo gastado hasta el momento con las casas que aún están sin terminar es $213.693.217.

“La temática de los materiales continúa en proceso de investigación. Hay un solo ítem que pudimos descubrir en las compras, y es que la cantidad de arena comprada alcanza para construir 1.000 casas y no hay arena que haya sobrado por ningún lado, y estamos hablando de que se construyeron sólo 498 viviendas. Ante esta situación ordené una auditoría, se trabajó en forma conjunta con Contaduría, y elevamos un informe detallado localidad por localidad a Fiscalía de Estado, que determinará cuáles fueron las infracciones y si incluso hay responsabilidades penales que procedan en consecuencia. A su vez se ha solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas, según instruyó el señor Gobernador”, indicó.

En esa línea, la funcionaria remarcó que como las casas se deben terminar, se resolvió que el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, por medio de un convenio con SAPEM, finalice todas las viviendas y las obras de urbanización: “Todos los equipos están trabajando para poder entregar las casas con urgencia”.