La Ley de Transparencia en la obra pública entra al congreso en 15 días

ARGENTINA.- El Gobierno busca salir de la coyuntura de conflicto que generaron los escándalos de corrupción en la obra pública con una medida política y de efecto: la elaboración de un proyecto de Ley de Transparencia para el sector. La iniciativa -adelantada hace más de un mes por InformeConstruccion.com- entró en terreno de definiciones y los que la escriben estiman que entrará al Congreso, por la mesa de entrada de Diputados, en 15 o 20 días.

En las últimas horas hubo reuniones entre funcionarios del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, con los popes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). La intención es establecer un registro de constructores, además de un proceso de blanqueo del proceso de licitaciones y un acortamiento de plazos de duración de las licitaciones. Por caso, se busca que se prolonguen como máximo unos 90 días. En la revisión de la documentación de la gestión anterior, hallaron licitaciones que duraban hasta casi un año y medio.

El que, por orden de Frigerio, lleva adelante las negociaciones con las partes es el economista Ricardo Delgado, actual subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, en tándem con el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el subsecretario de Vivienda, el tucumano Domingo Amaya, compañero de fórmula de José Cano en las tumultuosas elecciones a la gobernación de esa provincia.

A pesar de que el material se está ordenando, el Gobierno ya empezó a subir a la web algunas licitaciones de obras, sobre todo las concernientes a la empresa Agua y Saneamientos (AYSA). Los funcionarios que desembarcaron en la firma estatal luego del acceso al poder del macrismo cuentan que la compañía es la mejor gestionada y con menor nivel de irregularidades de todas las que condujo el Estado. Y no temen en destacarla como ejemplo. Allí es presidente el propio Chaín.

Uno de los ejes centrales de la Ley de Transparencia es el triple monitoreo de los procesos de licitación de obra. Un auditoría de tres organismos: la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Subsecretaría de Defensa de la Competencia. Llamativamente, este juego político que ha encarado Cambiemos para establecer un mojón en el blanqueo de una actividad históricamente sospechada ha decidido jugarlo también el empresariado de la construcción. La situación hoy en la Camarco es de hermetismo absoluto luego de varios hechos que generaron disgusto interno: no sólo el escándalo de Lázaro Báez y los bolsos de dinero de José López, sino también cuestionamientos que surgieron sobre figuras fuertes de la entidad. Entre ellas, Nicolás Caputo y Ángelo Calcaterra (amigo de la infancia y primo del presidente Mauricio Macri, respectivamente), y otros que han saltado a la fama en los últimos días. Tal el caso de Eduardo Gutiérrez, de la empresa Farallon, que se corrió de la Camarco luego de haber sido apuntado como dueño de la casa de López en el Tigre, además de aportante de fondos a la fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Luego de varios escándalos periodísticos, como la frustrada declaración del presidente de Camarco, Juan Chediak, ante el fiscal Federico Delgado por sus dichos respecto a los manejos de dinero del kirchnerismo, la flamante empresa de comunicación que contrató la entidad buscó parar la sangría. Recomendó no hablar más con los medios, al menos on the record, y cerrar filas negando cualquier hecho de corrupción o de sospecha de la misma vinculada al gobierno anterior.

En la Camarco hay una ventaja: la fidelidad extrema de sus integrantes con el secreto en los negocios. Algo que no ocurre en otros sectores del empresariado.