Dan a conocer las 4 claves que tendrá el proyecto del gobierno para transparentar la obra pública

ARGENTINA.- El fantasma de Lázaro Báez, la imagen del ex secretario de obras públicas  José López tirando más de USD 9 millones en un convento, los desvíos de fondos en las construcción de viviendas de organizaciones no gubernamentales, como "Sueños Compartidos" o la Cooperativa "Tupac Amaru" de Milagro Sala son algunos de los hechos que llevaron al gobierno de Mauricio Macri a elaborar un proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Obra Pública para luchar contra la corrupción y terminar con el llamado "club de la felicidad de la obra pública".

Es una obligación del estado adoptar procedimientos que permitan el acceso irrestricto a la información

En esta iniciativa se destacan entre otros aspectos:

1. La publicación de los pliegos de licitación de manera gratuita en Internet para que los interesados concursen de manera anónima, pero a la vista del público.

2. Pautar los mecanismos de predeterminación de precios en las obras de infraestructura.

3. La creación de un Registro Único de Constructores.

Hoy rige una ley de obras públicas que data de 1947. Los funcionarios consideran totalmente atrasada. "Con este proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas que enviaremos al Congreso se terminará con el llamado 'club de la felicidad de la obra pública'", manifestó una fuente cercana a uno de los funcionarios encargado de darle los toques finales al mismo.

Consideró además que "con esto se evitarán todas las malas prácticas que utilizó el kirchnerismo, como la falta de un régimen administrativo para controlar la ejecución de las obras, la cartelización, las licitaciones digitadas y los sobreprecios".

El proyecto se presentará en el Congreso en los próximos días. De acuerdo al borrador al que accedió InformeConstrucción.com, constará de 4 reglas fundamentales:

1. Transparencia

2. Eficacia con Moralidad Administrativa

3. Mejor Control

4. Formar Recursos Honestos para Evitar la Corruptela Administrativa

"Es una obligación del estado adoptar procedimientos que permitan el acceso irrestricto a la información mediante mecanismo que en forma clara permitan conocer la toma de decisiones. La transparencia no es solo que informar sino también como informar para que pueda ser evaluado por la opinión pública", destacó un funcionario a este medio.

LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este punto "se refiere a la Conciencia de Responsabilidad, tanto del Estado como de todos los actores del proceso, teniendo como objetivo final dar cuenta razonada de los actos ante la opinión pública".

Con respecto a los alcances de la ley el proyecto argumenta que "será para toda obra que este financiada con fondos nacionales, independientemente del régimen que se aplique, de quién licite, o incluso se trate de obra pública, consultoría, contratos de Asociación Público Privada, de objeto privado, empresas o sociedades del Estado, entre otras. Y aclara que la regla es para que todos cumplan con las obligaciones de Transparencia".

Se propone además invitar a Provincias, Municipios, y a los Organismos Multilaterales de Crédito o que financien obras o infraestructura a adherirse a los términos de la ley.

Con respecto a la primera de las 4 reglas básicas, la Transparencia, el proyecto define además que el acceso a los pliegos de la obra será gratis y habrá criterios claros de anticolisión en los pliegos o dicho de otra forma no se podrán cartelizar las empresas.

El acceso a los pliegos de la obra será gratis y definirá criterios para evitar acciones de cartelización entre las empresas

Habrá publicidad electrónica de todos los actos públicos desde que se piensa el proyecto y se planifica la obra a realizar con una mesa de información y discusión de proyectos y publicando en la web del Ministerio del Interior y Obras Públicas los llamados a presentar las ofertas, las actas de apertura de ofertas, la calificación de los oferentes, el acta de adjudicación de la obra, el contrato, las modificaciones de la obra.

En relación a la segunda regla, Eficacia con Moralidad Administrativa, el proyecto destaca la exigencia de la presentación de presupuestos consensuados; la distribución de los riesgos para eliminar privilegios; aprobaciones de impacto ambiental; obligación de verificar la entrega de la puesta en marcha de la obra como condición de recepción definitiva; y obligaciones de mantenimiento de la obra que implica la garantía de un plan y financiamiento respectivo.

La tercera regla, El Mejor Control, define "la creación de una Agencia Independiente con integración plural, que establezca los procesos a los cuales se deberán sujetar los controles de las obras e infraestructura del Estado Nacional y aquellas provincias o municipios realizadas parcial o totalmente con fondos públicos estatales así como las consecuencias del incumplimiento". A esos controles se sumarán la Sindicatura General de Empresas Públicas, la Administración General de la Nación (AGN) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. También habrá un Registro Único de Constructores y Consultoría de Obras financiadas con fondos públicos y se instaura la figura del llamado Calificador Eficiente mediante una Agencia Independiente y habrá también procedimientos actualizados con un régimen de rendición de gastos directos e indirectos.

La última regla, Formar Recursos Honestos Para Evitar Corruptela Administrativa, se refiere a la profesionalización de la función pública, la prohibición de integrar comisiones si los funcionarios han estado vinculados a empresas en los últimos años, la responsabilidad de los funcionarios públicos en los actos de gobierno. Acá se incorporan nuevos delitos considerados por prácticas anticorrupción, desde dádivas hasta la comisión de delitos más complejos como los que han involucrado a la ex presidente Cristina Kirchner, Lázaro Baéz, José López y Julio De Vido, de acuerdo a las recientes renuncias realizadas por hechos de corrupción.

En los últimos días la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso mantuvo una reuniones con parte del Comité Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción, donde les informó que apoyará también un proyecto de ley de "responsabilidad de empresas en casos de corrupción y soborno trasnacional", que impulsará el Ejecutivo en los próximos meses. La OA elaboró una especie de selección de empresas entre las se encuentran Chediak, Iecsa y Caputo.