Mendoza: el gobierno busca ajustar los controles sobre la obra pública

ARGENTINA.- El Gobierno de Mendoza quiere ajustar los controles sobre las empresas constructoras que liciten obra pública. Está trabajando en un sistema de calificación que permita reordenar la adjudicación, considerando el buen desempeño – financiero y técnico– de las firmas.

El espíritu político de la medida se inspira en el gobierno nacional que también está buscando barajar y dar de nuevo en materia de licitaciones de obra pública.

Los escándalos de corrupción que hoy investiga la Justicia y que lo tienen en la mira al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, han inspirado la idea de redefinir los mecanismos de contratación y control sobre las obras públicas que esta gestión encare.

Hace pocos días, Macri anunció que las licitaciones tendrán mayores controles. En ese mismo esquema se inscribe la iniciativa del gobierno de Alfredo Cornejo de poner en marcha una herramienta de fiscalización vieja, pero que nunca se usó a pleno. Se trata del RACOP, el Registro de Constructores de Obra Pública. Este sistema establece condiciones para que las constructoras puedan presentarse a las licitaciones. Esperan que entre en funcionamiento en agosto.

El subsecretario de Infraestructura de la provincia, Daniel Chicahuala, explicó el objetivo del plan. "El RACOP permite clasificar a las empresas en su experiencia, su capacidad financiera y técnica, para participar en las licitaciones de obra pública. Así, el Gobierno se asegura que contrata empresas que pueden cumplir. Lo que buscamos es que ante una falta de pago del Estado, la empresa tenga la espalda financiera que necesita para continuar la obra haciendo frente al bache en el pago", explicó el funcionario.

Esta obligación de que las empresas deban continuar con las obras, pese a que el Ejecutivo incumpla con los pagos, es uno de los aspectos que quieren cambiar y que más rispideces puede causar entre los constructores.

"Los contratos prevén que el Estado puede dejar de pagar durante cierto tiempo –normalmente son 60 días–, cumplido ese tiempo el contratista tiene resortes contractuales para reclamar, pero normalmente un contratista que programe bien los costos de una obra, tiene que tener previsto una contingencia previendo que puede haber un atraso en los pagos", añadió Chicahuala.

En la práctica, lo que sucedió en los últimos años fue que las empresas comenzaban a disminuir hasta el mínimo posible el ritmo de obra. "Existió una instrucción en la gestión anterior para bajar al mínimo el ritmo de trabajo. Se le decía al contratista que no se le podía pagar, pero no existía una instrucción formal, sino que sólo salió una resolución pidiendo que se bajara el ritmo. Ahí se vino abajo toda la obra pública", analizó el funcionario.

Había contratistas que tenían al mismo tiempo hasta cinco obras. Entonces al no cobrar del Estado se les caía toda la cadena de pagos. "Eso fue una situación generalizada y no debería haber ocurrido nunca. Si el Estado no tiene dinero para pagar, hay sólo dos opciones: conseguir dinero para hacerlo o decir: 'Hay que parar la obra'. Lo que no se quería era asumir la responsabilidad de decir: 'Pará', porque estábamos en época electoral. Lo que hubiera correspondido era paralizar los trabajos.

Durante los últimos años de la gestión anterior, el manejo de las licitaciones fue discrecional", apuntó Chicauala.

"Este es un tema ríspido en el que ha costado poner de acuerdo a las partes –es decir el Gobierno y las constructoras– porque impacta de lleno en el manejo que hasta ahora ha tenido la obra pública en Mendoza", admitió.

Cómo funcionará

Ahora se establecerán puntajes medibles para que haya transparencia para evaluar las ofertas. "Hay que quitarle subjetividad a la elección de las empresas aplicando un método. De esta manera, tendrán más puntaje las firmas que cumplan con los plazos de obra, que no tengan multas y cumplan con el presupuesto establecido", amplió Chicauala.

Con el RACOP lo que se busca es tener empresas sanas e idóneas para asegurarse de que las obras se hagan con los costos previstos y dentro de los plazos, y con la calidad estipulada de antemano.

"Hasta ahora nunca funcionó. Se les pidió a los contratistas la documentación, pero nunca se cumplió la función elemental que es decirle al contratista si puede o no participar en una licitación. Además, en el 2008, se sacó una resolución para postergar la aplicación del artículo 5 del RAPOC que es precisamente el que pone en funcionamiento este registro. En los papeles existió, pero en la realidad no se aplica", cerró.