Fuerte rechazo del decreto polémico que posibilita a extranjeros comprar tierras sin control

ARGENTINA.- “No podemos aceptar que nuestro territorio sea vendido o entregado a manos extranjeras”, advirtieron. Ocho diputados provinciales del justicialismo presentaron un proyecto de resolución en el que proponen rechazar el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y por el que se modificó una ley votada por el Congreso de la Nación en el año 2011, eliminando las restricciones a la compra de tierras por parte de empresas extranjeras. Afirmaron que “no podemos aceptar que nuestro territorio sea vendido o entregado a manos extranjeras”.

La iniciativa ingresó en la sesión de la última semana a la Legislatura y fue girada para ser debatida en la comisión de Hacienda y Presupuesto, que es presidida por el diputado Ariel Rauschenberger. En rigor, se trata de un pronunciamiento político que se busca desde el oficialismo contra la decisión del gobierno nacional donde también se pide la intervención de los legisladores nacionales por La Pampa.

Al fundamentar el proyecto, los diputados manifestaron que “el Decreto Nacional 820/16 una vez más, refleja el avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, hacia las legislaciones vigentes que reafirman expresamente el sentir nacional y popular”, considerando que la ley fue aprobada por el Congreso y Macri la modificó por un decreto.

Puntualmente, el proyecto de resolución de los legisladores Roberto Robledo, Alicia Mayoral, Jorge Lezcano, María Soledad Sciu, Stella Maris Colla, Claudia Godoy, Facundo Sola y Carina Pereyra propone rechazar el decreto nacional por el que se modificó el decreto 274/12 que reglamenta la Ley Nacional 26.737 sobre Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

“Esta nueva medida tomada por el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través del Decreto 820/16, publicado recientemente por el Boletín Oficial, abre las puertas a los negocios inmobiliarios de las personas físicas y jurídicas de origen extranjero”, explicaron con preocupación los diputados del justicialismo.

Agregaron que “nuestra legislatura debe expresarse en este sentido, no podemos de ninguna manera aceptar, que nuestro territorio sea vendido o entregado a manos extranjeras, esto tiene que ver principalmente con nuestro sentido de pertenencia, que no nos sometan, ni nos metan en la cabeza que las inversiones que necesita nuestro país, vendrán a través de la venta o el despojo de nuestras tierras”.

Siguiendo en ese sentido, los legisladores que responden a la Casa de Gobierno afirmaron que durante 2011, por medio de la participación de todas las fuerzas políticas el Congreso sancionó una “ley que fijaba pautas claras sobre la compra de tierras en nuestro territorio por parte de capitales extranjeros” y criticaron a la gestión de Macri que “en estos siete meses empobreció al pueblo argentino, pero benefició a los grupos concentrados de la economía, que de ninguna manera volcaron sus ganancias a fortalecer nuestra economía”.

Los cambios.

La medida del presidente Macri fue cuestionada por la Federación Agraria Argentino, ya que el presidente de la entidad Omar Príncipe manifestó que al mandatario “no le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas”.

El decreto del gobierno definió que si un extranjero posee “más del 51 por ciento del capital social, de una persona jurídica, dicha persona jurídica será considerada extranjera”, lo que modifica la norma original, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al 25 por ciento”.

Además, el decreto modificó un elemento de la ley que indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno “en la zona núcleo (que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe) o superficie equivalente según la ubicación territorial”.

El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito y advierte que, en caso contrario, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales “fijará las equivalencias” dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo.

Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Firmas offshore controlan más de un millón de hectáreas.

La red mundial de empresas offshore no se limita a administrar cuentas bancarias secretas o crear empresas pantalla para controlar activos financieros no declarados: compañías radicadas en guaridas fiscales como Islas Caimán, Uruguay, Hong Kong, Liechtenstein, Andorra, Vírgenes Británicas y Luxemburgo controlan 1,1 millones de hectáreas de territorio rural argentino.

Esos datos pertenecen al Registro Nacional de Tierras Rurales y fueron publicados por el periodista Tomás Lukin en la edición del pasado martes 5 del diario Página/12. Los números revelan que “una de cada 16 hectáreas en manos de extranjeros son administradas a través de firmas emplazadas en jurisdicciones del secreto”.

Los cambios a la reglamentación de la ley de tierras rurales dispuestos por el Gobierno promueven el proceso de extranjerización. La eliminación de la intervención de la Unidad de Información Financiera y la AFIP ante incumplimientos a la legislación facilita la canalización de operaciones a través de las opacas estructuras provistas por los paraísos fiscales. La extensión de tierras rurales controladas por sociedades offshore representa 55 veces la superficie porteña, según el informe.

“Prácticamente el 80 por ciento de la superficie de tierra rural extranjerizada del país se encuentra en poder de 253 individuos y sociedades que representan al 1,6 por ciento del total de los propietarios extranjeros. Los últimos relevamientos oficiales muestran que, con casi tres millones de hectáreas, los estadounidenses encabezan el listado de dueños de tierras seguidos de los italianos y españoles. En cuarto y quinto lugar se ubican dos reconocidas guaridas fiscales: Suiza y Uruguay. Los datos disponibles no permiten determinar qué porción de esos terratenientes suizos y uruguayos son genuinos y cuáles estructuras societarias pantalla radicadas en esas jurisdicciones controladas desde otro país”, destacó el artículo.