Gobierno publicó un decreto clave para relanzar la obra pública

ARGENTINA.- El  Gobierno aprobó ayer una norma clave para motorizar la obra pública. Se trata de un nuevo esquema de readecuación de precios de proyectos de construcción de infraestructura que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

En la práctica, el decreto 691 llamado Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, avanza en la regularización de uno de los principales problemas que tuvieron los constructores en los últimos años. Sucede que este tipo de contratación supone la ejecución de un proyecto durante un largo período. Obviamente, los precios que figuran en las licitaciones sufren un proceso de erosión causado por la inflación, que necesariamente debieran ser actualizados. Sin la llamada readecuación de precios, los proyectos se desaceleran hasta que se paralizan.

Esa fue una de las grandes causas por la que la obra pública de la anterior gestión se caracterizó por innumerables anuncios y pocas concreciones. Sumado, claro está, a un régimen de discrecionalidad y corrupción que creó tantos privilegios y como millones. Sólo los favorecidos por la preferencia del anterior Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, lograban actualizar sus contratos, para el resto. La gran mayoría de los constructores padeció el anterior régimen.

Según la metodología que estuvo presente hasta hoy, la actualización se disparaba cuando los costos de los factores principales que componen el precio del contrato reflejaban una variación promedio de esos precios superior, en un diez por ciento (10%), a los del contrato o al precio surgido de la última redeterminación. Ahora, la condición para que se aplique el sistema de actualización se bajó a 5%, porcentaje que podrá modificarse con acuerdo de varios ministerios.

Otra de las quejas que tenía la anterior legislación, que era de 2002, fue que sólo actualizaba el 90% del contrato, ya que el restante porcentaje se mantenía fijo e inamovible durante los plazos que estipulaba cada convenio. La queja de las constructoras era que el costo financiero de actualizar el 10% era enorme.

Según el texto, los costos que se tendrán en cuenta para disparar la actualización del contrato son la mano de obra; los materiales; la amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos y todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. En los contratos de consultoría sólo podrán redeterminarse las variaciones de los costos de mano de obra y de traslado.

Los precios de referencia que se utilizarán son los que proveerá el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), que realiza mensualmente un estimador de la actividad de la construcción.

Justamente una ex técnica del Indec, Graciela Bevacqua, selló su regreso a la administración de la mano de la readecuación de los precios de la obra pública. El Ministerio de Interior la contrató como asesora técnica. Trabajará para el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, que ya conocía desde hace tiempo a la técnica rosarina, y su función será, justamente, atender los problemas de los contratos de obra pública frente a la inflación.

El decreto, ampliamente esperado por los constructores, se aplicará a toda obra pública vigente, según una cláusula transitoria que incluyó en la norma firmada por el presidente Mauricio Macri y 19 ministros.